Continuando el tratamiento para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Discapacidades, la Comisión de Garantías Constitucionales escuchó las observaciones de representantes de los ministerios de Trabajo, Educación y del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS).
Previamente escuchó a delegados de las personas con discapacidad que también emitieron sus criterios sobre el proyecto. Luis Ugenio, presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad Visual de Chimborazo, sugirió regular el número de imposiciones para jubilarse. Consideró que existe discriminación, puesto que a las personas con discapacidad física e intelectual se les exige 240 imposiciones; mientras que, a las personas con discapacidad sensorial, visual y auditiva, 300.
“Todo tipo de discapacidad es prioritaria y vulnerable. No puede haber discriminación. Pedimos que unifiquen en 240 imposiciones para jubilarnos”, subrayó.
La legisladora, Carmen Tiupul respaldó la propuesta de Ugenio, a la vez aseveró que ha sido parte de reuniones con personas con discapacidad para tratar diferentes problemáticas que les afecta.
La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez llamó a revisar profundamente las propuestas para evitar que se cometan actos de corrupción como ocurrió en época de pandemia. A su criterio, no hay sustento jurídico en algunos de los articulados. Específicamente se refirió a los artículos 50, 51 y 52, que tratan sobre el incremento de la inserción laboral, del 4 al 8 por ciento; el incremento a 20 puntos adicionales en los concursos de méritos y oposición, como acción afirmativa a favor de las personas con discapacidad.
Por su parte, la presidenta de la comisión, Paola Cabezas conminó a la ministra a ampliar su gestión de control y constatación de que las empresas públicas y privadas cumplan con la contratación de personas con discapacidad y su ubicación de acuerdo al perfil que tienen. “Existen muchos profesionales en condiciones de discapacidad que son relegados a contestar teléfonos y a la recepción”, advirtió.
Alfredo Cerda, director de Gestión del Crédito del BIESS, informó que la institución aplica la normativa respectiva sobre los beneficios en créditos hipotecarios y quirografarios.
Afirmó las tasas de interés reducidas que prevé el proyecto de Ley propuso que se requiera la opinión de la Superintendencia de Bancos y de la Junta de Política y Regulación Financiera para evitar afectaciones a la institución.
María José Enríquez, subsecretaria de Educación Inclusiva del Ministerio de Educación, anunció que remitirá por escrito las observaciones que la institución habría realizado el año anterior y que serán nuevamente puestas en conocimiento de la Comisión de Garantías Constitucionales.
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