Las ofertas públicas, recursos para la Policía y Fuerzas Armadas, utilización de armas incautadas, proceso civil, modalidades de contratación pública, fueron entre otros los temas de análisis del proyecto de Ley para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha contra la Corrupción, previo al informe para primer debate.
Roxana Sierra, subdirectora del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), mencionó que la propuesta pretende tres pilares fundamentales: transparencia en las compras públicas; lucha contra la corrupción y lavado de activos; y, la optimización de recursos. Informó que cada año realizan aproximadamente 500 mil procesos de contratación, más de 3.300 entidades, en los que convergen 416 mil proveedores inscritos. En este contexto, el proyecto reforma 16 artículos de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, respecto a ofertas públicas flexibles, plazos reales y mayores controles.
Nilo Estrada, de las Fuerzas Armadas, recomendó que se observe el contenido de los artículos 158 y 226 de la Constitución y que se destine un porcentaje de los recursos obtenidos de la monetización de activos a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Añadió que se incluya la reserva de ciertas compras que generan las entidades mencionadas.
El representante de las Fuerzas Armadas, con relación a la reforma a la Ley de Armas, sugirió que una vez presentado el informe pericial de la Fiscalía, todas las armas incautadas, confiscadas o decomisadas sean entregadas al Departamento de Estado Mayor del Comando Conjunto para el uso.
Entre tanto, Jorge Domínguez y demás representantes del Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador, analizaron el contenido del artículo 56 del proyecto urgente que reforma la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, a fin de regular la modalidad de “contratación de ingeniería, procura y construcción”. Asimismo, pidieron que sea debatida la modalidad de “contratación interadministrativa” por parte de las empresas públicas y se prohíba la consolidación de procesos de menor cuantía.
La Comisión de Régimen Económico también recibió al catedrático en derecho administrativo, Javier Robalino, quien recordó el carácter supra legal y en algunos casos supra constitucional, de los tratados internacionales. Precisó que la extinción de dominio debe ser un proceso separado de carácter civil.
Los parlamentarios resaltaron los aportes expuestos por los invitados, con la finalidad elaborar una propuesta legal escuchando a diferentes actores.
AM/pv
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