Ante la Comisión de Seguridad Integral comparecieron ocho entidades estatales, a través de sus delegados y expertos, para expresar sus aportes y observaciones en la construcción de la Ley de Seguridad Digital.
Esteban Fuertes, de la Procuraduría General del Estado, señaló que este proyecto debe contar con una definición clara de los delitos cibernéticos, procesos de recopilación de pruebas y sanciones específicas. Además, sugirió incluir a la Procuraduría en el Sistema Nacional de Seguridad Digital, pues podría trabajar por la seguridad de los ciudadanos, en lo que respecta a sus derechos en el cyberespacio.
Por su parte, Daniel Montúfar, coordinador técnico de Control de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), sugirió la creación de un Centro de Respuestas a Incidentes Informáticos, como coordinador, a nivel nacional, que pueda gestionar y analizar incidentes de este tipo.
Este será el encargado de canalizar las amenazas digitales a las entidades públicas, elaborando una red de confianza digital en la que todas las instituciones colaboren, para entregar análisis de vulnerabilidades digitales. Actualmente no se visualiza, en este proyecto, una estructura de cyberseguridad con mecanismos de articulación de acciones, explicó.
La delegada de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), María del Carmen Rodríguez propuso que la comisión tome en cuenta la reserva de la información, previamente establecida en la Ley de Prevención de Lavado de Activos, con la finalidad de precautelar la no intervención, ni interrupción de las investigaciones en curso.
Marcelo Suárez, del Servicio de Rentas Internas (SRI), alertó que, aunque en el artículo 60 de la normativa se establece que el responsable de la seguridad digital no podrá pertenecer al área de tecnologías de la información de la institución, debe establecerse lo contrario. Al respecto, aclaró que son precisamente estas áreas las encargadas y conocedoras, por su experiencia diaria, de la barrera de la cyberseguridad de cada entidad.
Julisa Godoy, jefa de Normativa Aduanera del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, planteó que esta ley cree un subsistema de cyberdelitos y norme las actividades protegidas en el sentido de la protección de los derechos humanos de las víctimas de cyberdelitos. A la par, sugirió que se detalle la inclusión de capacitaciones sobre cyberseguridad a los usuarios internos de las instituciones pertenecientes al Sistema Nacional de Seguridad Digital.
Finalmente, los académicos Javier Borja, Mónica Fernández, Luis Enríquez y Daniel Tenorio, brindaron sus aportes a este marco normativo. Entre ellos, solicitaron se considere a la cyberseguridad como oportunidad de desarrollo y generación de empleo.
A decir Javier Borja, según datos del Reporte sobre el Desarrollo de la Fuerza Laboral en Cyberseguridad, en 2023 el 20 % de empresas en la región continuaban completamente en teletrabajo y un 44 % en modalidad mixta, lo que representa una gran posibilidad de empleabilidad para profesionales en seguridad digital. Este informe detalla que, en el Ecuador, entre 515 y 701 mil puestos de trabajo se pierden a razón de que no existen expertos en cyberseguridad, finalizó.
Inés Alarcón, presidenta de la comisión, agradeció a los invitados por sus valiosos aportes para enriquecer este proyecto de ley.
CV/pv
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