La nueva modalidad de “contratación de ingeniería, procura y construcción”, así como el destino de parte de los recursos producto de la monetización de activos para los proyectos de infraestructura vial estatal, fueron las dos principales propuestas del ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, en la etapa de recepción de observaciones para el proyecto de Ley para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha contra la Corrupción.
El Ministro de Transporte argumentó en la Comisión de Régimen Económico la reforma a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, que incorpora la modalidad de “contratación de ingeniería, procura y construcción”, que es frecuente en otros países.
“Esta contratación por precio y plazo fijo, incluye el equipamiento, no está sujeta a reajustes de precios, contratos complementarios, diferencias de cantidades y órdenes de trabajo, salvo variaciones en el alcance de la ejecución definida por la entidad, siempre que no se cambie el objeto del contrato”, añadió.
Explicó que los estudios de la entidad contratante serán a nivel de diseños e ingeniería básica o conceptual y servirán para determinar los niveles de desempeño, especificaciones y presupuesto referencial para el proceso precontractual. Los contratistas de esta modalidad contractual asumen todos los riesgos y responsabilidades por el cumplimiento del objeto del contrato en las condiciones acordadas.
La asambleísta María Mercedes Erbs reflexionó sobre la propuesta que la misma empresa que, haya efectuado los estudios esté a cargo de la construcción; sostuvo que es necesario la existencia de plazos y tiempos específicos.
El gerente de la Empresa Pública Aguas de Manta, Miguel Cevallos coincidió con la necesidad de reformas la normativa de contratación que permita disminuir tiempos, sin omitir procedimientos. En otro tema, en los procesos de emergencia, sugirió la inclusión de las obras de infraestructura y equipamiento de agua potable y saneamiento ambiental.
Entre tanto, Marco Franco Cortés, presidente de la Cámara de Comercio de Quevedo, advirtió de la existencia de “empresas de papel” constituidas, que participan como proveedores de la contratación pública, por lo que planteó que se incluya la calificación comercial otorgada por las cámaras de comercio o gremios rectores.
Leopoldo Ocampo, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, reflexionó sobre la necesidad de cambios por los diferentes casos de irregularidades presentadas en los reajustes de precios y montos de las ofertas.
Por último, Jaime Villacreses, del Instituto de Derecho Administrativo, pidió que se analice sobre la carga laboral que tendría la Procuraduría y Contraloría, como resultado de las nuevas disposiciones constantes en el proyecto de ley y presentó su análisis en determinados artículos.
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