El Pleno de la Asamblea trató el informe no vinculante de la Comisión de Seguridad Integral, respecto de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley Orgánica de Vigilancia y Seguridad Privada, por el cual se pretende institucionalizar la política pública como medida necesaria para garantizar la vigilancia y seguridad oportuna, capacitada y respetuosa.
La Asamblea por unanimidad, con 128 votos, se ratificó en el artículo uno, referente al objeto de la Ley. Además, con 67 votos, se allanó a los otros 58 artículos objetados.
La ponente y presidenta de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, Inés Alarcón afirmó que “la crisis de inseguridad sin precedentes se ha podido enfrentar con la voluntad política del gobierno, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, así como todos aquellos quienes sin temor alguno y desde nuestras curules, con un gran sentido de pertenencia nacional hacemos patria para combatir al terrorismo”.
Alcances de la norma
Su enfoque es integral para enfrentar el desafío de la inseguridad; es una ley específica, que brinda un servicio de seguridad muy especializado, lo que implica otorgar la autoridad a empresas del sector privado, para garantizar la seguridad de la ciudadanía.
Establece un sistema interrelacionado con los otros sectores que intervienen en la creación, registro, supervisión, control y tributación de las compañías, así como, en la seguridad social de los guardias; y, el marco regulatorio del registro, manejo y control de las armas, para hacer de la seguridad privada un sistema más eficiente y articulado.
Debate
En el debate, varios legisladores que intervinieron hablaron de la necesidad de defender los derechos de los guardias de vigilancia y seguridad privada; con sueldo justo y remuneración adecuada. “Es necesario garantizar los derechos de un sector vulnerable que ha sufrido no solo explotación laboral, que ha trabajado sin sueldo y que, además, todos los días ponen en riesgo sus vidas para defender no solo los bienes, empresas, casas, sino también la vida de los ecuatorianos”, puntualizaron.
Comisión general
Previo al debate, Miguel Orellana, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Seguridad Integral e Investigación (Anesi), felicitó a la Asamblea por el tratamiento de la norma que es trascendental ante los momentos de violencia que vive el país, pues va ayudar al guardia de seguridad que debe ser reconocido en su función y remuneración.
Cristian Granja, de la Federación de Centros Unidos, agradeció por ser parte de las mesas de diálogo en la construcción de la Ley. Señaló que la capacitación es un pilar fundamental para el sector de la seguridad; además, que la regularización de los centros de capacitación es positiva y que debe ser a través del Ministerio del Interior.
Rubén Salvador, presidente de la Federación Nacional de la Seguridad Privada del Ecuador (Fenaspe), indicó que se ha dado un paso histórico, pues el trabajador de la seguridad privada será reconocido y trabajará en conjunto con el personal de la fuerza pública en defensa de la seguridad del país. “La seguridad privada debe ser reconocida por el Estado, ya que actúa con las Fuerzas del Orden para minimizar los actos de inseguridad que en la actualidad vive el país”, puntualizó.
A criterio del asambleísta Leonardo Berrezueta, se está dejando de lado temas importantes, como son los derechos a miles de trabajadores de la seguridad privada. Paola Cabezas, sostuvo que los trabajadores siguen siendo violentados en sus derechos y que el trabajo de la seguridad privada no es pagado a tiempo
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