Con la presencia de la ministra de Producción, Sonsoles García; los docentes universitarios: Paola Lozada y René Bedón; y, Miguel Gutiérrez, presidente de Cámara Nacional de Calzado, la Comisión de Relaciones Internacionales analizó el contenido, objetivo y la viabilidad del Acuerdo de Asociación Comercial entre Ecuador y Costa Rica.
La Ministra de la Producción resaltó que el acuerdo, que ya pasó la fase de revisión de la Corte Constitucional, precautela sensibilidades del aparato productivo, en especial el sector agrícola; promueve la internacionalización de las micro, pequeñas y medianas empresas y la diversificación de oferta exportable.
Tras informar que Costa Rica tiene un mercado de alto poder adquisitivo, ya que es uno de los PIB per cápita más altos de América Latina, expresó que este acuerdo promueve la integración regional y presencia estratégica de Ecuador en Centroamérica.
Resaltó que con ello, el 97 % de productos ecuatorianos tendrán 0 arancel, a la vez informó que en 2022 las exportaciones a Costa Rica fueron de 32 millones, mientras que el comercio bilateral se ubicó en los 104 millones. Reiteró que el acuerdo amplía oportunidades, fomenta inversión y promueve exportaciones principalmente del sector de la manufactura y crecimiento esperado de las exportaciones; y, reafirma derechos y obligaciones en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), así como de instrumentos internacionales en materia de género, laboral y medio ambiente.
La legisladora María Fernanda Jiménez aseveró que el acuerdo busca mejorar la calidad de vida del pueblo y crear oportunidades para las MYPYMES y con ello generar empleo y emprendimiento, mientras que Carla Cruz sostuvo que a través del acuerdo se puede posicionar nuestros productos. Expuso sus inquietudes sobre la proyección de plazas de empleo y el crecimiento de las exportaciones. De su lado, Lucía Jaramillo señaló que es necesario aclarar la normativa sobre la importación de cualquier tipo de desechos.
Ricardo Ulcuango manifestó que la Asamblea tiene en sus manos la decisión de ratificar o no este acuerdo. Expresó que es importante tomar las precauciones para que los productores no sean perjudicados. Johnny Lavayen dijo que trabajan en beneficio de pequeños y medianos empresarios, y de nuevos emprendedores; Fausto Fernández presentó sus observaciones sobre el comercio electrónico.
El presidente de la comisión, Jonathan Parra compartió las inquietudes de los legisladores sobre las medidas de protección a las Mipymes y a los artesanos, que son más débiles, a fin de evitar que sean afectados por este tipo de acuerdos.
De su lado, Paola Lozada, docente de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica, tras agradecer a la comisión por la apertura de estos espacios para que otros actores participen en la construcción de las leyes, resaltó que el acuerdo deja de lado a productos sensibles y abre un potencial para que las exportaciones crezcan y se diversifiquen para dinamizar la economía.
También consideró que se abre la ventana para la cooperación en cyberseguridad y temas migratorios, se reconoce a actores no visibilizados, pues incorpora la perspectiva de género en el comercio, pero que es necesario tomar las medidas para que no queden en simples enunciados diplomáticos.
René Bedón, profesor de Derecho Ambiental de la Universidad Católica, lamentó que en general los acuerdos y tratados internacionales no den importancia al tema ambiental, cuestión que deben ser considerada por la comisión, ya que nuestra Constitución es pionera en reconocer los derechos de la naturaleza.
Comentó que en el acuerdo se plantea generar mayores mercados para nuestros productos, pero que no se pueden olvidar de la sustentabilidad. Sugirió aprovechar el acuerdo para la transferencia de experiencia de Costa Rica sobre ecoturismo. Resaltó la posibilidad de viabilizar la atracción de energías limpias, como medio para proteger el ambiente.
Por último, Miguel Gutiérrez, presidente de Cámara Nacional de Calzado, recordó que la negociación con Costa Rica se inició en agosto de 2022 y trabajaron en conjunto con el equipo negociador del Ministerio de Comercio Exterior.
Además, informó que son 3.800 empresas de este sector que generan alrededor de 100 mil puestos de trabajo directo. Indicó que por ello han solicitado que se excluya del convenio a las partidas referentes a calzado de seguridad industrial, calzado de trabajo y protección, calzado escolar y capelladas, porque generan mucho empleo.
PV
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