Diego Miranda, representante de la organización Rainforest Ecuador; Ángel Córdova, experto en el mercado de carbono; y, Marcelo Salame, presidente de la Asociación de Carbono Ecuador, participaron en la Comisión de Biodiversidad, para enriquecer con observaciones técnicas y científicas el proyecto de reformas al Código Orgánico del Ambiente.
Miranda enfocó su intervención en la posibilidad que tiene el Ecuador para canalizar una gran cantidad de recursos económicos, con la regulación e identificación plena de los servicios ambientales, a través de su ente regulador, el Ministerio del Ambiente.
“Los servicios ambientales son las funciones ecológicas que se realizan en el ecosistema”, subrayó. Y acotó que su identificación, en conjunto con la regulación de proyectos ambientales permitirá remediar ecosistemas y obtener recursos de la naturaleza.
Por otro lado, Ángel Córdova concentró sus aportes en los beneficios económicos del mercado de bonos de carbono a nivel mundial. Actualmente, el precio de estos bonos asciende hasta los USD 50 dólares por hectárea/tonelada.
En ese sentido, “el Ecuador podría recibir USD 1100 millones de dólares, gracias a sus 6 millones de hectáreas productivas, poniendo en venta sus bonos de carbono”. Es vital ingresar en este mercado, pues es una solución permanente para la falta de recursos en el país, porque la contaminación sigue creciendo, destacó.
Finalmente, Marcelo Salame expresó que Ecuador está en el momento de cambiar su matriz productiva, ya que es el país más apto en el mundo para el biocomercio, gracias a los 1600 millones de toneladas de carbono que provienen de nuestra agua, tierra y atmósfera.
“Tanto en tierras mitigadoras, como productoras de carbono, privadas y del Estado, existe la posibilidad de generar recursos. Ecuador es capaz de vender el carbono más caro del mundo”, finalizó.
En otro orden, la comisión conoció el informe técnico sobre el estatus del proceso de subsanación e identificación de temas sustantivos para la realización de la Consulta Prelegislativa, en el marco del proyecto de reformas a la Ley de Minería, remitido por la Coordinación General de Participación Ciudadana.
Los parlamentarios se comprometieron con la urgente actualización del cronograma y la agenda de trabajo en territorio para avanzar con esta consulta.
CV/pv
