Ya habíamos advertido que el CENSO del 2022, iba a hacer un ser un fracaso por falta de inclusión de todos los sectores, como los pueblos y las nacionalidades, vulnerando el artículo 57 de la Constitución del Ecuador y generando un "genocidio estadístico".
Insistimos que es de suma importancia contar con datos confiables y participativos para comprender la diversidad demográfica, planificar el desarrollo del país y que juntos podamos establecer los parámetros que permitan la autoidentifica.
Por ello, hoy apoyamos el Proyecto de Resolución que traslada a la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, el proceso de fiscalización del "VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades"
Necesitamos aclarar todas las irregularidades de este censo, que ha reducido a los pueblos y nacionalidades del ecuador.
Su formación académica es notable, destacándose como Doctora en Jurisprudencia y Abogada de los tribunales por la Universidad Central del Ecuador.
Ha alcanzado diversos logros académicos, entre ellos, su especialización en Derechos Colectivos por la Universidad Andina Simón Bolívar, su título de Magíster en Derecho Penal y Criminología obtenido en la Universidad Autónoma Regional de los Andes-Ambato, y su diploma en Derechos Humanos y Democracia por la misma institución. Su experiencia académica también incluye una destacada participación como experta en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional por la Universidad Carlos III de Madrid, España.
A nivel profesional, la Dra. Yumbay Yallico ha dejado una huella significativa. Ha colaborado como asesora y consultora para importantes organismos como CARE ECUADOR, ECOLEX, AYUDA POPULAR NORUEGA, PROLOCAL, AME y el BANCO MUNDIAL. Además, ha brindado asesoría a diversas organizaciones campesinas, indígenas y no indígenas en todo el país.
En el ámbito judicial, la Dra. Yumbay Yallico ha marcado hitos importantes al convertirse en la primera mujer indígena Jueza de Garantías Penales y de Tránsito de Bolívar, así como la primera mujer indígena Jueza de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Su destacada trayectoria también la llevó a presidir la Sala de Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia.
A nivel gubernamental, ha ocupado el cargo de Subsecretaria Social y de Articulación del Recurso Hídrico en la Secretaría del Agua (SENAGUA).
Su compromiso con la academia se refleja en su labor como docente en la Universidad Andina Simón Bolívar-Sede Ecuador, la Universidad de Guayaquil y el Instituto para las Ciencias Indígenas Pacari. Además, ha compartido su conocimiento como ponente y conferencista en diversas universidades e instituciones en numerosos países, incluyendo Costa Rica, Canadá, España, Bolivia, Chile, Argentina, Perú, México, Guatemala, Brasil, Panamá, Suecia, Estados Unidos, entre otros.
También ha sido reconocida como miembro del Consejo de Expertos sobre Consulta Previa, Libre e Informada de Latinoamérica, así como del Grupo de trabajo por el Pluralismo Jurídico de Latinoamérica (PRUJULA).