La Comisión de Seguridad Integral, en el marco del tratamiento del proyecto de Ley de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, recibió los criterios de expertos, autoridades y representantes de la sociedad civil, respecto a los permisos, porte de armas, zonas libres de armas, nudos críticos, producción de armas, entre otros temas de la iniciativa legal.
En este aspecto, el presidente de la Federación de Tiro Práctico, Roberto Gilbert recordó que en la mayoría de provincias se registran muertes violentas, por lo que “la mejor seguridad es uno mismo cuando se porta un arma corta”.
Invitado por la referida federación intervino el experto norteamericano John R Lott, quien compartió la información de los procedimientos para la obtención de permisos de armas de fuego ocultas en Estados Unidos; las personas que obtienen los permisos; actuación en lugares en donde los ciudadanos no pueden defenderse; los asesinatos en zonas escolares; penalidades por delitos; entre otros detalles.
Xavier Jurado resaltó la importancia de dos parámetros, la seguridad y la vida, así como la diferencia de casos en los Estados que tienen porte constitucional de armas, con relación a los que tienen restricciones. Leonardo Berrezueta solicitó información sobre la tasa de homicidios, en sectores relacionados con el narcotráfico y en aquellos que se caracterizan por la pobreza extrema.
En la Comisión de Seguridad Integral, también expusieron los representantes de varias instituciones. Desde el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), el técnico Henry Córdova expuso tres observaciones: ampliar el concepto de las definiciones de la normativa; los tipos y procedimiento para la producción de armas; y, lo referente a la producción de explosivos según la demanda, con mecanismos de regulación.
Guido Núñez, subsecretario de Seguridad Pública, del Ministerio del Interior, tras informar el impacto de las armas en las muertes intencionales, dio a conocer la evolución histórica de los homicidios con armas de fuego. Adicionalmente describió los nudos críticos sobre las municiones, que son la trazabilidad, peritaje y capacidad operativa.
El general Manuel Dávila, delegado del Ministerio de Defensa, planteó incluir en la normativa las atribuciones del ente rector de la Defensa Nacional, de la Dirección de Control de Armas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y disposiciones generales que apoyan la función de control.
Benjamín Molina López, de la Policía Nacional, recordó que las observaciones fueron entregadas al Ministerio del Interior, con los cambios en la denominación de la ley, finalidades, registro de armas y otros aspectos.
Lucía Gómez Consoli, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Argentina, recomendó que se incorpore que el Ecuador ha suscrito y ratificado el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones, así como reformular la definición de tráfico de armas, modificación de la redacción sobre la importación directa e incluir requisitos para obtener el permiso de tenencia de armas.
La Comisión de Seguridad, además, recibió observaciones de la abogada Eliana Álvarez, delegada de la Fiscalía General del Estado; y, de Edgar Vega, del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE).
Informe anual de Fiscalía
En otro orden, avocó conocimiento de la decisión del Pleno de la Asamblea Nacional, que designó a esta mesa legislativa para que, en el plazo de treinta días, analice el informe presentado por la Fiscal General del Estado. En este aspecto, con sustento en la moción del legislador Diego Matovelle, con seis votos se aprobó el cronograma y metodología para el análisis del mencionado informe.
En otro aspecto, la mesa legislativa conoció y aprobó la conformación de tres subcomisiones para el tratamiento de los temas de fiscalización. La moción la presentó el presidente encargado de la conducción de la sesión, Leonardo Berrezueta.
AM/pv
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