La académica Rosana Granja y Walleska Pareja, delegada de la Coalición Nacional de Mujeres acudieron a la Comisión de Garantías Constitucionales para aportar en la construcción del proyecto de Ley de Contención, Acompañamiento y Reparación Transformadora e Integral a Hijas, Hijos, Madres, Padres y demás Familiares de Víctimas de Femicidio.
Walleska Pareja expuso que esta iniciativa empezó con la creación de un anteproyecto que contó con la participación de madres de mujeres víctimas de femicidio, que reconocieron la no aplicación de la reparación integral y transformadora, contención y acompañamiento en el Ecuador.
Indicó que el anteproyecto tuvo como base la revisión de más de 200 sentencias de femicidio, de las que el 65 % no tomaba en cuenta la reparación integral, o la confundían con indemnización. “Por esa razón, en su elaboración, se contemplaron estándares internacionales de derechos humanos, de mujeres, de niñas y niños, que son las personas dentro del círculo de la mujer víctima de femicidio”, destacó.
Por otro lado, Rosana Granja hizo hincapié en que el registro institucional de hijas e hijos de mujeres víctimas de femicidio, establecido en el artículo 8 de esta norma, debe garantizar la reserva de la información, sobre todo cuando se trate de menores de edad, para evitar su revictimización.
En otro orden, los docentes universitarios Pablo Alarcón y Pamela Aguirre intervinieron para aportar en el tratamiento del informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales.
Pamela Aguirre y Pablo Alarcón observaron que esta norma no establece si los jueces tendrán un control constitucional y tampoco si podrán aplicar un criterio legal diferente a la Constitución, cuando existan contradicciones en la aplicación de la norma.
Indicaron que se debería identificar y determinar los escenarios en los que los jueces se equivoquen o incurran de manera involuntaria, en errores de aplicación de norma, y los casos en que utilicen las garantías constitucionales de manera maliciosa.
“Es necesario crear, coordinar y fortalecer, a través de la academia, colegios de abogados, el Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional (CEDEC) y otras instituciones pertinentes, una cultura de la legalidad, que busque que los ciudadanos cumplan voluntariamente las normas, sin incurrir en la coerción”, señaló Pablo Alarcón.
Finalmente, la comisión conoció la resolución favorable del Consejo de Administración Legislativa, sobre la unificación del proyecto de Ley Orgánica para Fortalecer la Accesibilidad Universal y Cognitiva con el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Discapacidades.
CV/pv
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