La Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad recibió al contralor general del Estado, Mauricio Torres Maldonado, quien explicó los alcances del informe de labores 2023, rendido ante el Pleno de la Asamblea, en enero pasado.
El funcionario explicó que la Contraloría General del Estado cumple su misión constitucional con eficiencia y profesionalismo, a la vez que destacó este acto de rendición de cuentas que en los próximos días será replicado en las diferentes provincias del país, para que la ciudadanía participe activamente en el conocimiento de la gestión del principal organismo de control del Estado.
Indicó que la Contraloría recibió 76 pedidos de fiscalización de parte de la Función Legislativa, 14 de ellos sobre aspectos que ya fueron analizados oportunamente. Los demás son auditorías que están en marcha y otros exámenes especiales están contemplados en la programación de 2024. Sobre los casos en los cuales se ha establecido indicios de responsabilidad penal, recordó que la información mantiene su carácter reservado.
Respecto de los procesos seguidos por posible impedimento de funcionarios para ejercer cargos públicos, Mauricio Torres subrayó que se han tomado las medidas pertinentes, como en el caso del exsecretario de la Administración, Sebastián Corral, que conllevó la aplicación de sanciones económicas al exfuncionario, al expresidente Guillermo Lasso y a otros exservidores del área de Talento Humano de la Presidencia de la República. Así mismo, está en curso una investigación sobre la presunta posesión de bienes y recursos en paraísos fiscales.
Recordó que en el informe se detallan los nombres de las personas naturales y jurídicas que tienen cuentas con la Contraloría, siempre que esa información no esté sujeta a reserva.
Insistió en que la Contraloría tiene un déficit de personal y de recursos técnicos para cumplir su trabajo, pero se hacen los esfuerzos necesarios para atender todos los requerimientos de exámenes especiales y auditorías.
Informó que se ejecuta una auditoría a tres unidades de la entidad para establecer los responsables de los retrasos en el desarrollo de los informes, lo cual ha derivado, en muchos casos, en la caducidad de la acción de la Contraloría. “No vamos a permitir que se guarden informes porque eso perjudica a los recursos del Estado”, enfatizó.
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