La ministra de Inclusión Social, Zaira Rovira compareció ante la Comisión de la Niñez para informar sobre la implementación de la Observación General Séptima, emitida por el Comité de los Derechos del Niño, en 2005. También se refirió al cumplimiento de pagos a las organizaciones de la sociedad civil que mantienen convenios con el MIES y sus prestaciones de servicios para grupos de atención prioritaria y la situación de las entidades de acogimiento institucional para niñas,niños y adolescentes frente a los casos de violencia.
La ministra resaltó los cambios que se están realizando, entre ellos la implementación de consultorías, en coordinación con la Secretaría de Ecuador Crece Sin Desnutrición y el Ministerio de Salud, para procesos de capacitación a madres y padres, en protección y cuidados de sus hijos e hijas.
Adicionalmente, indicó que para atender a la primera infancia, existen 3 tipos de bonos para madres gestantes y niños de hasta 3 años de edad. Detalló que se entrega el bono de los mil días, que incluye 60 dólares mensuales, más dos bonos adicionales de 90 y 120 dólares. Añadió que esta asistencia económica se entrega cuando la madres cumplen algunos requisitos de corresponsabilidad, como haberse atendido periódicamente durante la etapa de embarazo, haber inscrito al niño o niña oportunamente en el Registro Civil, entre otros.
En esta exposición, se incluyó el procedimiento para la alimentación de los niños de los Centros de Desarrollo Infantil, para los que está destinado un presupuesto para la compra de productos propios de las zonas, básicamente frutas y vegetales, que se distribuyen en cuatro comidas diarias, con una dieta diferenciada para niños y niñas con casos de desnutrición.
Tras la presentación de la ministra, el tema crucial que abarcó la Comisión de la Niñez fue el suicidio de un menor en una casa de acogida de Morona Santiago, el intento de suicidio de otra menor, y el asesinato de una menor en manos de sus padres.
En este aspecto, la asambleísta amazónica Mercedes Abad solicitó a la comisión realizar una fiscalización y auditoría integral al MIES por estos casos, ya que existe responsabilidad directa de la institución por negligencia. Se sumaron a este pedido, los asambleístas Esther Cuesta y Jorge Peñafiel.
Frente a ello, la ministra Rovira indicó que la responsabilidad en el fallecimiento del menor y de los dos casos adicionales no es de la institución y que corresponde a las juntas cantonales de la niñez y adolescencia, y a ciertos jueces que criminalizan la pobreza. Insistió en que la última instancia debe ser la separación de los menores de sus familias; sin embargo, esta postura no es considerada por los jueces, quienes determinan el ingreso de los menores en casas de acogida por la situación de pobreza que no permite la atención necesaria de los menores.
Para la ministra, es indispensable una articulación responsable y organizada entre instancias competentes para cambiar el procedimiento de ingreso a casas de acogida, y pidió la presencia de un delegado de la Asamblea Nacional en el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional.
Según el asambleísta, Jorge Peñafiel, podría existir una convocatoria a juicio político por los antecedentes últimos que involucran dos fallecimientos y un intento de suicidio de menores de edad. A criterio del asambleísta, es responsabilidad política de la ministra de Inclusión Social, Zaira Rovira.
KC/pv
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