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En su sesión 042, la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, continuó con el tratamiento de la Ley de Participación de las Rentas del Estado a favor de los GADS y Reformas a la Ley que establece Rentas en favor de varias provincias.
La presidenta de la Comisión, Victoria Desintonio, destacó el trabajo de los equipos técnicos que han realizado dos mesas de trabajo para construir la Ley con base en los aportes de distintos sectores.
Juan Carlos Pindo, representante de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables expuso observaciones sobre el precio de venta del hidrocarburo propuesto en el artículo cuatro de la Ley. Sugirió modificaciones para reflejar con precisión la producción que no se comercializa internacionalmente.
De su lado, Freddy Maila, coordinador Técnico de Minería, hizo observaciones sobre el artículo tres de la Ley y propuso que se aclare sobre la unidad jurisdiccional debido a las áreas que comparten varias jurisdicciones, lo cual afecta la distribución de rentas mineras.
Sebastián Vallejo, director de Planificación Territorial del Consejo nacional de Competencias, abordó la necesidad de clarificar ciertos términos legales para asegurar una comprensión y cumplimiento efectivos de la Ley propuesta, especialmente en cuanto a la distribución de rentas y la gestión ambiental.
En representación del Servicios de rentas Iternas (SRI), el director Jurídico, Luis Emilio Veintimilla, indicó que de la revisión efectuada no se desprende la creación de ningún tributo, sino la voluntad del legislador para disponer la distribución de las rentas en beneficio de los GAD; sin embargo, requirió que exista claridad en el artículo sobre la participación de las rentas en el sector petrolero. Planteó que primero se identifique la fuente del recurso y luego la distribución. Añadió que en la Ley de Minería también se regula la distribución de las rentas.
En otro tema, el asambleísta Héctor Valladarez solicito la inclusión de un punto en el orden del día para fiscalizar el cumplimiento del Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico, enfocándose en la consolidación de los derechos de los territorios amazónicos. La propuesta fue aprobada por la Comisión.
