Adrián Rojas, juez nacional de la Corte Nacional de Justicia; Juan Jiménez, profesor de posgrado de las Universidades de Guayaquil y de Milagro; e, Iván Pineda, especialista en Derecho Constitucional comparecieron ante la Comisión de Derechos Colectivos, con el fin de exponer sus observaciones al proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Al iniciar la sesión, por iniciativa de la asambleísta Jahaira Urresta, la comisión guardó un minuto de silencio en memoria del legislador alterno Christian Nieto, quien fue asesinado esta víspera en Manta junto a su esposa. La presidenta de la mesa, Paola Cabezas expresó su preocupación por el incremento de la delincuencia, a la vez que hizo un llamado a trabajar por la paz de todos los ecuatorianos.
Adrián Rojas coincidió en la necesidad de luchar en la búsqueda de la paz social. Dijo que la Constitución reconoce derechos y garantías de todos los ciudadanos, afirmó que hay abuso en la aplicación de las garantías jurisdiccionales, como medio para alcanzar la inmediata libertad de los procesados.
Comentó que estos problemas se presentan porque no hay especialidad en los jueces, aspecto que aspira se resuelva luego de la consulta popular, en la que la ciudadanía se pronunció a favor de jueces especializados, en este caso los jueces constitucionales.
De su lado, Juan Jiménez, docente universitario, aseguró que es evidente el abuso de las garantías constitucionales, especialmente en el período 2018 y 2022 que creció exponencialmente, pues pasó a 6.927 a 21.603 acciones de protección y recursos de hábeas corpus, según el sistema de estadísticas del Consejo de la Judicatura.
Esta reforma es urgente para el país, ya que el problema obedece a la falta de pertinencia en la aplicación de las herramientas constitucionales, considerando que se recurre a las garantías jurisdiccionales como un medio para sustituir a la justicia ordinaria,
Por ello, sostuvo, es procedente la norma que se debate, ante la multiplicidad de recursos de este tipo que se presentan en diferentes ciudades, a la vez que sugirió definir el alcance del hábeas corpus y sancionar el abuso de potestades constitucionales por parte de los jueces, como parte del nuevo diseño de justicia constitucional.
Por último, el experto en derecho constitucional Iván Pineda recordó que, desde la expedición de la ley en análisis, en 2009, no se han incorporado reformas, de allí que constituye un imperativo adecuarla a la realidad del país.
Así mismo, expuso que la ley ha tenido un conjunto de interpretaciones por parte de la Corte Constitucional, la mayoría de ellas no son conocidas por los operadores de justicia, aseveró que es importante la reforma para establecer procedimientos claros para respetar los derechos constitucionales cuando hayan sido vulnerados. Agregó que las reformas deben ser evaluadas y tramitadas considerando no solo la normativa constitucional, sino también las sentencias de la Corte Constitucional.
La presidenta de la comisión, Paola Cabezas, al igual que los asambleístas Patricia Mendoza y Paúl Buestán destacaron las propuestas y observaciones de los comparecientes y solicitaron que presenten por escrito, para evaluarlas durante la elaboración del informe que será puesto en conocimiento del Pleno.
En otro orden, la comisión resolvió solicitar al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, una prórroga de 90 días para la presentación del informe para segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria de la Ley Orgánica de Discapacidades.
PV
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