La comisión responsable del tratamiento de los proyecto de ley que acogen el pronunciamiento del pueblo en la consulta y referendo del 21 de abril, escuchó las observaciones de la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Contraloría General del Estado, Procuraduría y Consejo de la Judicatura.
Diana Salazar, fiscal general del Estado, presentó sus observaciones en materia de reforma penal, tenencia de armas y municiones, y a las reformas a la Ley de Extinción de Dominio.
Afirmó que la reforma responde al mandato soberano, cuya voluntad obliga a poner en la ley lo dispuesto por el pueblo. Sin embargo, señaló que encontró desproporción en la consecuencia penológica que se plantea para la tenencia y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. También manifestó que es necesario delimitar con claridad qué armas, municiones o componentes serán catalogados como uso privativo de estas instituciones.
El aumento de penas debe responder a criterios mínimos de proporcionalidad, porque no es lo mismo portar un arma que asesinar a una persona, sostuvo al comentar que “la proporcionalidad es necesaria para un adecuado funcionamiento de la prevención general de la pena”.
Sobre la reformas a la Ley de Extinción de Domino, recomendó eliminar el artículo 5 de la propuesta del Ejecutivo, y reformar el artículo 35 que habla sobre la incautación de bienes, como medida cautelar, ya que la reducción de plazos en el proceso, como lo propone el Ejecutivo, traería consecuencias directas en la eficacia de la recuperación de bienes de origen ilícito e injustificados.
“Con la incautación se garantiza la administración del bien, de forma inmediata, y el Estado puede hacer uso de los bienes de extinción de dominio sin alterar la norma de procedimiento vigente”, insistió.
César Córdova, defensor del Pueblo, coincidió con la Fiscal, en que es importante dosificar el incremento de las penas, dentro del Código Orgánico Integral Penal (COIP); sin embargo, el pueblo ecuatoriano aprobó dicho incremento, y según la Corte Constitucional, la voluntad del mandante debe materializarse en un cuerpo normativo eficiente y ninguna entidad puede modificar las decisiones tomadas en la consulta popular.
Asimismo coincidió en que los plazos de procedimiento en la extinción de dominio deben permitir resultados eficaces. Resaltó la necesidad de una normativa que regule el procedimiento posterior a la incautación de bienes ilícitos, para determinar qué entidad receptará dichos bienes y constatar que, efectivamente, pasen al Estado.
En representación de la Contraloría del Estado, Verónica Medina, directora Jurídica, recalcó que muchas de la preguntas de la consulta popular y referendo no tienen relación con las competencias de la institución; no obstante, observó el contenido referente a la extinción de dominio, por cuanto involucra delitos como concusión, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, aspectos que sí trata la Contraloría.
Medina manifestó que preocupa a la Contraloría que el procedimiento propuesto por el Ejecutivo no contemple una sentencia ejecutoriada; sin embargo, reconoció que se debe respetar el espíritu de la Ley, aprobado por los ecuatorianos.
Enfatizó que es necesario analizar un procedimiento de revisión, posterior a una sentencia absolutoria que pudiera darse, para que el Estado no pierda los bienes cuestionados.
Por su parte, José Luis Peñaherrera, director de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura, manifestó que la institución no encontró oposición a la propuesta de incremento de penas. No obstante, corroboró la necesidad de que se tome en cuenta la dosimetría penal, para su aumento.
En el tema de extinción de dominio, consideró que la propuesta del Ejecutivo cumple el debido proceso basado en la seguridad jurídica y el derecho a la defensa.
En representación de la Procuraduría General del Estado, asistieron Abelardo Albornoz, director de Patrocinio y Alonso Fonseca, director de Derechos Humanos.
Albornoz informó que existe una Ley modelo de Extinción de Dominio, elaborada por Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En esta guía, los estados pueden apoyarse para legislar con respecto a la figura legal mencionada, manifestó.
Opinó que las reformas deben dispone que la investigación y procedimiento legal se extienda a terceros, cuando los bienes no estén a nombre de un involucrado en el delito de bienes de origen ilícito.
KC/pv
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