La Comisión de Garantías Constitucionales dentro del tratamiento del informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, recibió las observaciones de la Fiscalía General del Estado en los temas improcedencia de acciones, violaciones procesales y otros.
José Luis Arcos, director de Asesoría Legal y Patrocinio de la Fiscalía, recordó el uso y abuso de las garantías constitucionales para impugnar actos emitidos por esta institución, por lo que amerita la reforma, especialmente con relación a la existencia de jueces especializados en garantías constitucionales, resoluciones referentes a reparaciones integrales inmateriales y medidas cautelares que no podrán modificar sentencias ejecutoriadas.
Informó que se han incrementado las acciones jurisdiccionales en contra de los impulsos fiscales: 5 en el 2019, 10 en el 2020, 18 en el 2021, 39 en el 2023 y 11 en lo que va del 2024, por lo que es necesaria la reforma al artículo 42, relacionado con la improcedencia de la acción de protección cuando se impugnen actos y/o acciones fiscales.
Situación de PPL
En el ámbito de fiscalización de la situación de las personas adultas privadas de la libertad, expusieron varios profesionales, uno de ellos Rubén Reyes, del Centro de Psicología Popular, quien afirmó que no existe la denominada rehabilitación social, únicamente es un concepto ficticio creado en el imaginario desde el Estado. Precisó que la salud mental es un derecho y que actualmente tienen problemas en la alimentación.
Leonardo Díaz, director del Consultorio Jurídico Popular, mencionó que le han informado de la existencia de “tratos crueles y denigrantes tanto a hombres como a mujeres”. Afirmó que no existe agua, alimentación, que no tienen acceso a los patios y están incomunicados.
Patricio Almeida, del Comité de Familiares de las Hijas e Hijos de Mayo, manifestó: “lo que se está viviendo actualmente en las cárceles es trágico”. Han informado de la existencia de caletas de 3 metros de profundidad, entonces cómo cavan los detenidos, si no es con la complicidad de los directores y guías penitenciarios, preguntó.
Por último, Thalíe Ponce, directora de la Editorial Indómita Media, informó sobre los resultados de la investigación con enfoque de género de la problemática en las cárceles. Desde el 2018 han existido “al menos 680 muertes”, informó.
Los asambleístas Luis Maldonado, Jahiren Noriega y Jahaira Urresta reflexionaron sobre el derecho a la rehabilitación que se ha perdido, las actuales condiciones de las mujeres privadas de la libertad, violaciones a los derechos constitucionales dentro de las cárceles y necesidad de conocer los registros.
Tras las exposiciones, la presidenta de la Comisión de Garantías Constitucionales, Paola Cabezas afirmó que el Estado guarda silencio con relación a lo que sucede en las cárceles. “Lo revelado por el Defensor del Pueblo esta mañana y lo dicho en la presente sesión es grave e inhumano”, concluyó.
AM/pv
Más fotografías:
