La Comisión de Justicia aprobó el informe sobre el proceso de verificación del cumplimiento de la resoluciones respecto a la aplicación de la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, luego de sistematizar la información expuesta por 20 autoridades de las entidades que conforman el sistema nacional encargado del tema y otras instituciones públicas. El informe tiene cerca de 400 páginas y más de 60 anexos.
En la comisión comparecieron autoridades de la Presidencia de la República; del Consejo de la Judicatura; Defensoría del Pueblo; Defensoría Pública; Ministerios de: Trabajo, Salud, Educación, Mujer, Inclusión Económica y Social, Finanzas y del Interior; Consejo Nacional para la Igualdad de Género; Senescyt; Conagopare; Congope; AME; INEC; y, del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911. Además, realizó mesas itinerantes con representantes de las 24 provincias del país.
Según información del equipo asesor de la mesa legislativa, este proceso inició el 20 febrero de 2024, fecha en la que el Pleno de la Asamblea Nacional, por iniciativa de las legisladoras Viviana Veloz y Gissela Garzón, delegó a la Comisión de Justicia realizar la verificación del cumplimiento de las recomendaciones para asegurar el cumplimiento de la ley.
Conclusiones
Entre sus 18 conclusiones, la mesa legislativa, advierte que el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Asamblea Nacional a las 20 instituciones responsables de la transversalización del enfoque de género en la política pública, ha sido parcial en 18 instituciones y en el caso del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Presidencia de la República el incumplimiento ha sido total.
El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos no ha cumplido de manera satisfactoria su rol articulador del Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y eso ha impedido una actuación coordinada de las instituciones que lo conforman.
Tampoco ha existido coordinación interinstitucional entre el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Finanzas y las instituciones que conforman el Sistema Nacional para establecer las necesidades de financiamiento, para la ejecución de programas orientados a la prevención y erradicación de este fenómeno.
Con excepción de la Fiscalía, Defensoría Pública y Defensoría del Pueblo, las instituciones que conforman el Sistema Nacional no han proporcionado información precisa, ordenada y suficiente que permita determinar que todos los funcionarios que laboran directamente en atención con víctimas de violencia de género, en las entidades del sector público, cuentan con la experiencia necesaria o formación académica, acorde con el puesto de trabajo que desempeñan y si, además, gozan de estabilidad laboral.
También concluye que el Presidente de la República redujo el presupuesto asignado al Ministerio de la Mujer, pues el monto pasó de USD 17´220.490 a USD 13´228.756 lo que implica una disminución del 23 %, y que en las mesas itinerantes con los colectivos de mujeres y expertas en temas de género, la ciudadanía expresó su inconformidad con el desconocimiento que muestran los funcionarios sobre la Ley.
Recomendaciones
Por las razones expuestas, la comisión sostiene que es necesario que el Pleno de la Asamblea Nacional se pronuncie de manera oficial, sobre la importancia de la actuación institucional coordinada para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres; y que se enfatice las implicaciones que este fenómeno tiene sobre los proyectos de vida de la mitad de la población, de manera específica y los efectos generales que tiene sobre el progreso del conjunto de la sociedad.
Recomienda exhortar al Ministerio de la Mujer a cumplir a cabalidad las atribuciones que le corresponden en su rol de ente rector del Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y conminarle que coordine con las entidades rectoras de las finanzas públicas y planificación nacional el seguimiento y monitoreo de la programación y presupuesto de cada una de las instituciones con competencias en el Sistema Nacional, tal como lo establece la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Otra de las recomendaciones tiene relación con la necesidad de exigir a las instituciones que conforman el Sistema Nacional que cuenten con un registro de datos actualizados y precisos sobre los funcionarios que laboran en atención a víctimas de violencia de género en sus entidades, con el fin de determinar que estos tengan la experiencia y formación académica, acordes con el cargo que desempeñan; y, quienes cumplan con las mentadas exigencias cuenten con estabilidad laboral.
El informe será remitido a la Presidencia de la Asamblea Nacional, para que sea puesto a consideración del Pleno del Legislativo.
PV
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