En medio de la devastación provocada por el Fenómeno El Niño, me uno al clamor de solidaridad con los ecuatorianos afectados y a la exigencia de medidas urgentes para enfrentar esta crisis. En esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, junto con la Asambleísta Mónica Salazar, he propuesto un cambio de orden del día que busca abordar de manera prioritaria esta situación que está cobrando vidas y dejando a miles de familias en la desesperación.
Los datos son alarmantes: seis compatriotas han perdido la vida y más de 82.000 personas han sido damnificadas. Viviendas destruidas, cultivos arrasados, vías colapsadas, escuelas y centros de salud afectados, esta es la cruda realidad que enfrentamos. Y mientras la población sufre, las respuestas del Estado han sido insuficientes y tardías.
Es evidente que se necesitan acciones concretas y urgentes para enfrentar esta emergencia. Por eso, proponemos exhortar al Presidente de la República a declarar el estado de emergencia en las provincias más afectadas: Los Ríos, Guayas, Esmeraldas, Manabí, Santa Elena y Bolívar. Esta medida es crucial para movilizar recursos y coordinar esfuerzos en la atención y mitigación de los efectos del desastre.
Además, consideramos fundamental convocar a los ministros de Economía y Finanzas, Agricultura y Ganadería, Transporte y Obras Públicas, y al Secretario de Gestión de Riesgos ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Es necesario que nos informen detalladamente sobre las acciones que están llevando a cabo para hacer frente a esta emergencia y cómo piensan gestionar los recursos necesarios para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestra población.
Durante la sesión, hemos expuesto la cruda realidad que enfrentan nuestras provincias y cantones. Desde la destrucción de infraestructuras hasta la pérdida de cultivos y la falta de atención médica adecuada, las consecuencias del Fenómeno El Niño son devastadoras y requieren una respuesta inmediata y coordinada.
Es inaceptable que, mientras miles de ecuatorianos sufren las consecuencias de esta crisis, el presupuesto destinado a la gestión de riesgos se vea reducido drásticamente. Es hora de que el Estado priorice la vida y el bienestar de su población y destine los recursos necesarios para enfrentar esta emergencia de manera efectiva.
Por ello, instamos a los ministros y al Secretario de Gestión de Riesgos a que informen detalladamente sobre las acciones que están llevando a cabo y sobre cómo piensan garantizar la atención y la protección de las comunidades afectadas. Es hora de que el Estado asuma su responsabilidad y brinde una respuesta efectiva a esta crisis que está afectando a miles de ecuatorianos.
En este momento de dolor y desesperación, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Es hora de unir esfuerzos y trabajar juntos para enfrentar esta emergencia nacional. Nuestros compatriotas nos necesitan y es nuestro deber como representantes del pueblo responder a su llamado con acciones concretas y efectivas.
¡No podemos permitir que esta tragedia continúe cobrando vidas y destruyendo hogares! Es hora de actuar, es hora de demostrar que estamos del lado de nuestra gente y que haremos todo lo posible para proteger su vida y su bienestar.
¡Que la voz de los afectados sea nuestra guía y que la urgencia de su llamado nos impulse a actuar con determinación y valentía! Es hora de enfrentar esta crisis con unidad, solidaridad y firmeza.
Franklin Omar Samaniego Maigua nació el 2 de septiembre de 1971 en la ciudad de Riobamba, Ecuador. Desde una edad temprana, demostró un gran interés por el estudio y el aprendizaje, asistiendo a la Pensionado "Olivo" durante su educación primaria y luego al Colegio "San Felipe Neri" para sus estudios secundarios, ambos en su ciudad natal.
Posteriormente, continuó su formación académica en la Universidad Central del Ecuador, donde se graduó como Licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, marcando así el inicio de una destacada carrera en el ámbito legal. Complementó su formación con estudios en la Universidad Católica de Cuenca, donde obtuvo su título de Abogado de los Tribunales de la República y más tarde su Doctorado en Jurisprudencia.
La búsqueda constante de conocimiento llevó a a obtener una especialización en Contratación Pública y Administración del Estado en la Universidad Central del Ecuador, así como una Maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG), consolidando su experiencia en diversos campos del derecho.
A lo largo de su trayectoria profesional, ha participado en numerosos cursos y seminarios especializados, abarcando áreas como administración de justicia, derecho civil, y legislación relacionada con la gestión pública, entre otros.
Su experiencia laboral incluye roles como Asesor Jurídico en empresas turísticas, Director de Asesoría Jurídica y Gerente en la Empresa Turística Ciudad Mitad del Mundo, así como diversas funciones en el ámbito legislativo, donde ha desempeñado roles destacados como Asambleísta por la Provincia de Pichincha y Vicepresidente de Comisiones Especializadas en la Asamblea Nacional del Ecuador.
Ha sido un activo defensor de los derechos humanos, los derechos de las mujeres y los derechos de los trabajadores, participando en varios grupos parlamentarios y demostrando un compromiso constante con el servicio público y el bienestar de la sociedad. Su dedicación y pasión por el servicio público lo han convertido en un referente en el ámbito legal y político en Ecuador.
