Con seis votos afirmativos, la Comisión ocasional encargada de investigar el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio aprobó el informe en el que advierte que hay una clara intención de evadir responsabilidades por parte de la Policía Nacional, entidad que -sin considerar que son una sola estructura- en todo momento intentó obviar culpas y trasladarlas a cualquier otro estamento de la propia Institución, obviando así su deber legal y constitucional de atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional.
También advierte que, se evidencia una clara intención de evadir responsabilidades por parte de las autoridades del Ministerio del Interior, tanto del período 2021-2023 como del actual, pues se han limitado a señalar que toda la información es “reservada” y/o “confidencial” y que por tanto, no pueden pronunciarse. Esto, únicamente permite concluir que se ha tratado de obviar culpas, incumpliendo sus deberes constitucionales y legales como ministros de Estado.
En otra de las conclusiones sostiene que el expresidente de la República, Guillermo Lasso, en su calidad de máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, cuya responsabilidad incluye la designación de los integrantes del alto mando militar y policial; y, velar por el mantenimiento de orden interno y de la seguridad pública, incumplió su deber constitucional, pues de haber cumplido a cabalidad sus funciones, posiblemente se pudo haber evitado la ola delincuencial que sufría y sufre el país, producto de lo cual se produjeron brutales asesinatos, entre ellos, el de Fernando Villavicencio Valencia.
Concluye también que la Policía Nacional, cuyo ente rector es el Ministerio del Interior, incumplió lo estipulado en el "Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio del Interior, para el proceso de elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023", que tenía, entre otras, la obligación de brindar seguridad a los binomios presidenciales y, del fondo total de $ 2’059.115.25, destinó más del 50 % para el pago a los servidores policiales (gasto corriente), no ejecutó el valor restante ($ 968.515,25), motivo por el cual el Ministerio de Finanzas, con Inter N.° 478 retiró esos fondos del presupuesto de la Policía y, hasta la fecha, no realiza la liquidación de los dineros del Estado recibidos, pues existe una diferencia de $ 55.713,68 todavía no justificada.
De la revisión del Acuerdo Ministerial N.° 055 se concluye que el personal asignado para la seguridad y protección de Fernando Villavicencio habría incumplido lo determinado en el artículo 26 de dicho Acuerdo, lo cual conlleva el cometimiento de faltas graves, responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal que deben ser conocidos y resueltos por las entidades judiciales y de control, según corresponda.
Durante el análisis del informe, los miembros de la comisión destacaron la necesidad de vigilar la actuación de las autoridades competentes, para evitar que este asesinato quede en la impunidad, que se haga justicia y se sancione a todos los responsables, tanto a los autores materiales, como a los intelectuales. Exigieron verdad, justicia y reparación.
PV
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