Juan Carlos Arichávala y Gustavo Silva, expertos en Derecho Constitucional, comparecieron ante la Comisión de Derechos Colectivos para exponer sus criterios en torno al proyecto de reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Carlos Arichávala explicó que las reformas deben estar orientadas a garantizar los derechos, en especial de las personas vulnerables, a la vez sugirió que el desarrollo de las garantías jurisdiccionales esté articulado con las normas de los reglamentos de sustanciación y de selección de procesos expedidos por la Corte Constitucional.
También aseveró que es necesario definir las competencias de los tribunales especializados, a fin de garantizar el respeto de las garantías y evitar la vulneración de derechos. Manifestó que se requiere precisar que la defensa de la víctima sea técnica y adecuada, considerando que en la actualidad hay actuaciones que no se ajustan a parámetros mínimos de defensa de los derechos humanos.
Sostuvo que no hace falta incluir en el proyecto la figura del error inexcusable por faltas graves, pues ya forma parte de la normativa legal vigente. Además, presentó sus observaciones sobre la aplicación de las medidas cautelares, que son temporales y la garantía de la acción de protección.
De su lado, Gustavo Silva se refirió a la obligatoriedad del precedente constitucional. Sobre el tema sugirió disponer que la Corte Constitucional fije las reglas que guían los procedimientos en materia de garantías constitucionales, considerando que ésta es una fuente de Derecho.
Dijo que no está de acuerdo con la reforma que busca otorgar a la Corte Constitucional la facultad de revertir sus precedentes, considerando que una disposición de esa naturaleza quitaría legitimidad a sus fallos.
Situación de personas privadas de a libertad
En otro orden, la mesa legislativa avanzó en el análisis de la situación de las personas privadas de la libertad, en el marco de los derechos humanos. Sylvania Tapia, representante de Alianza contra las prisiones, sostuvo que, según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el SNAI enfrenta graves retos que han facilitado la corrupción y violencia en las cárceles. También expresó su preocupación por la suspensión del servicio de alimentación y la dotación de medicinas a los internos.
Agregó que Amnistía Internacional envió un reporte sobre las cárceles en Ecuador, que advierte que los servicios de salud prácticamente están suspendidos desde 2022 y que la Defensoría del Pueblo reportó varias muertes en custodia del Estado que no han sido aclaradas. Agregó que Amnistía Internacional solicitó información al Ministerio de la Mujer sobre 35 alertas con relación a denuncias de violación de derechos humanos por parte de Policía y Fuerzas Armadas.
José Antonio Maeso, coordinador de Cáritas Esmeraldas, recordó que ha trabajado en la liberación de rehenes por parte de los PPL y que en la última liberación la única exigencia era respeto a los derechos humanos. Informó que han aportado con alimentos y medicinas porque hay carencias de estos productos en las cárceles.
Reiteró que no hay un sistema de rehabilitación social. Además, recalcó que no todos los PPL son terroristas, pese a lo cual se está generando un sistema de odio.
Sostuvo que es necesario proteger la salud mental de las personas privadas de la libertad y de los militares, así como atacar la raíz de la violencia estructural y buscar una reconciliación social. Añadió que en el ingreso de militares a la cárcel de Esmeraldas hubo maltrato y actos de violencia en contra de los internos que llegaban a pedir clemencia.
Por último, Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, comentó que, si no se reclama por los actos de violencia en las cárceles a través de reportes documentados y acompañamiento a las familias de los PPL, este problema no tendrá un buen fin.
Tras recordar que desde el año 2019 han denunciado el hacinamiento y violación de los derechos humanos, circunstancias en las que hay que trabajar para superar esta situación. Indicó que en los últimos años se han reportado 680 personas fallecidas en condiciones de extrema violencia en las cárceles del país.
La presidenta de la comisión, Paola Cabeza expresó que son importantes los aportes de los comparecientes como veedores de la sociedad civil, en el proceso de fiscalización de esta problemática.
PV
