La comparecencia de Giancarlo Loffredo, ministro de Defensa Nacional; Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; y, Luis Zaldumbide, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, estuvo prevista para este miércoles, a las 11h00, como parte del proceso de fiscalización de la situación de las personas adultas privadas de la libertad.
Los funcionarios remitieron sendas comunicaciones en las que presentan su excusa y solicitan que se fije nuevo día y hora, en razón de que cumplen funciones como parte del bloque de seguridad.
En esta ocasión, la comisión escuchó a Gisella Mendoza, familiar de una persona privada de la libertad, quien denunció que su esposo ha sido sometido a malos tratos, llegando a la violación, lo que ha ocasionado daños físicos y psicológicos. Exijo que se haga justicia, aseveró.
Informó que su esposo cumplió en enero el porcentaje de la pena que cumple en la cárcel de El Rodeo, en Portoviejo que le permite acceder el régimen semiabierto. No obstante, aseveró que, a partir del 3 de febrero, en que se produce la intervención del Estado en las cárceles, ha recibido malos tratados y que incluso le introdujeron un palo en el ano y una fractura en la mano.
Añadió que ante esta situación solicitó la ayuda de la Fiscalía, que delegó a una funcionaria para realizar el examen médico de su esposo, pero personal militar le impidió el ingreso y desde allí no tiene la atención del médico ni de la trabajadora social de la cárcel, ni ha podido avanzar en los trámites para lograr el régimen semiabierto.
En otro orden, Jofre Campaña, abogado de Aracely Pincay, gerente de LAFATTORIA S.A., manifestó que la empresa de su representada fue inhabilitada del sistema de compras públicas, con el fin de beneficiar a otra empresa para entregar el desayuno escolar, pero con un precio superior que al Estado le representa millones de dólares.
Afirmó que el Presidente de la República acusó a LAFATTORIA de meter armas a la cárcel, pero que hasta la fecha no hay ninguna denuncia, solo una noticia crimen, ante lo cual “nosotros fuimos a la Fiscalía a pedir que nos investigue, porque no tenemos nada que esconder y hasta el día de hoy en la Fiscalía no tienen nada, más que el inicio de una investigación”.
Relató que, en marzo de 2023, tres empresas del austro, enviaron una comunicación a la ministra de Educación de la época, María Brawn, pidiéndole que se le entregue el contrato para la dotación del desayuno escolar, ante lo cual les respondió que es necesario hacer un concurso, porque la ley impide contratar directamente.
Añadió que una vez que fue apartada LAFATTORIA se le consulta al Sercop si pueden contratar directamente con las empresas El Ordeño y Grupo Gloria, a lo que responde que se requiere un concurso.
En ese momento recurren al régimen especial y contratan a la Empresa Pública ESPE Innovativa, que con tres millones de capital le dan un contrato por 11.4 millones de dólares, sin la posibiidad de tener un anticipo. ESPE Innovatoiva empieza a entregar los productos en 5 días y cuando preguntamos quiénes son los proveedores, nos responden que no cuentan con esta información, reveló.
No obstante, afirmó que un diario nacional informó que los productos que se entregan en las raciones alimenticias son fabricados por El Ordeño, “es decir, hicieron un bypass para burlarse de la ley”, a la vez anunció que presentarán la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de Estado (FGE), una vez que hayan recopilado la información.
Por último, solicitó a la Comisión de Garantías Constitucionales que inicie las investigaciones respectivas. Su presidenta, Paola Cabezas enfatizó que el caso amerita la intervención de la FGE
PV
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