La Comisión de Educación conoció la situación actual del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) a través de Gina Chávez, Carla Álvarez y Ana Lucía Ponce, docentes miembros del Consejo Académico Universitario de la institución.
Las docentes señalaron que, según la normativa vigente, el rector o rectora del IAEN es designado por el Presidente de la República, lo que hace que sus decisiones estén supeditadas a voluntades políticas cambiantes. “Esta determinación legal le ha traído una altísima inestabilidad académica al Instituto, pues, en promedio, cambia de rector cada catorce meses, e impide al Consejo Académico de la Universidad filtrar y analizar el perfil de la autoridad nombrada”, señalaron.
Advirtieron que las modificaciones frecuentes de autoridad rectora y de decanos y vicedecanos, que llegan a manera de cuota política, implica una nueva curva de aprendizaje y desconocimiento de la realidad del IAEN, lo que se traduce en incapacidad de solventar problemas urgentes, procesos internos y de bienestar estudiantil.
También destacaron que, entre 2019 y 2023, ha existido una reducción significativa de personal, de 206 a 185. “Solo el 34 % del personal pertenece a la planta docente y el 66 % a personal administrativo, generando una clara distorsión de la función de un centro de educación superior”, dijeron.
“Del presupuesto de aproximadamente 5 millones de dólares anuales con que cuenta el IAEN, el 77.7 % se destina a remuneraciones de administrativos, mientras que la inversión en investigación e infraestructura es mínima”, detallaron.
Mencionaron que la institución además enfrenta demandas de acoso laboral y de género y demandas laborales por despidos injustificados, que se suman al ambiente excesivamente conflictivo de la universidad, por lo que requirieron la fiscalización por parte de la comisión.
De su lado, Pablo Beltrán, presidente del CES, manifestó que, una vez conocidas las presuntas irregularidades en el IAEN, se iniciará la veeduría correspondiente y la elaboración de un informe hasta finales de julio del 2024, para tomar las decisiones correspondientes en favor de la estabilidad de la Universidad de Posgrados del Estado.
Una vez concluidas las comparecencias, los comisionados solicitaron al CES mayor celeridad y vigilancia sobre las novedades conocidas en la sesión y comprometieron su esfuerzo de fiscalización para buscar soluciones en el marco de sus competencias.
En otro orden, la mesa legislativa avocó conocimiento del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), denominada Ciencia por Experiencia de la legisladora Nathaly Morillo.
CV/pv
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