La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales recibió a Gabriel Sosa Díaz, delegado del Consejo de la Judicatura, para informar las acciones realizadas por esta institución para dar cumplimiento a la sentencia del Caso Mecheros y a la acción de protección sobre el derrame petrolero en el Río Añangu, en Orellana.
Sobre esta sentencia que cuenta con dictamen favorable de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, del 29 de julio del 2021, el compareciente informó las acciones jurisdiccionales realizadas durante el año 2024, para evaluar el estatus de su cumplimiento.
Informó que se registran requerimientos pendientes de despacho y otros que ya han sido atendidos por los jueces competentes, entre el 14 de febrero y el 12 de junio. Además, se han solicitado informes detallados de seguimiento al dictamen a la Defensoría del Pueblo y, listados de mecheros apagados y desmantelados, con sus respectivas zonas, a los Ministerios del Ambiente y Energía.
Respecto a la acción de protección interpuesta por la población de Orellana, por el derrame de petróleo en el Río Añangu informó que el 17 de marzo pasado, los accionantes presentaron una demanda por vulneración de su derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y que, actualmente, la causa se encuentra en estado de sustanciación.
Además, informó sobre dos expedientes disciplinarios abiertos contra jueces en la provincia de Guayas y una investigación iniciada a un fiscal en la provincia de Pichincha por su falta de prolijidad y acciones relevantes para evitar afectaciones ambientales.
La participación del delegado y los casos descritos se enmarcan en los procesos de fiscalización a las fuentes de contaminación en la región amazónica, que lleva adelante esta mesa legislativa.
CV/pv
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