La Comisión Multipartidista, en el marco del tratamiento del proyecto de Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular y Referéndum del 21 de abril de 2024, recibió la explicación del subsecretario general Jurídico de la Presidencia de la República, Stalin Andino y las observaciones de los expertos José Cedeño y Héctor Tapia, previo al informe para segundo debate.
Stalin Andino sostuvo que la propuesta de incremento de penas en 12 delitos se debe al aumento de la violencia y el crimen organizado, por lo que es necesaria que toda pena esté establecida en la Ley.
Explicó que el Ejecutivo para establecer las penas sugeridas tomó en cuenta un criterio técnico, considerando que el límite actual de la pena establecida en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) es de 30 años, desde ahí se ubicó hacia abajo según la gravedad del infracción.
Respecto al cumplimiento total de las penas en los centros de rehabilitación social, tipificación del delito de tenencia o porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, así como el destino de las armas, partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios para uso inmediato de las dos instituciones, Stalin Andino señaló el contexto, la reforma propuesta y el impacto esperado.
Con relación a la reforma a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio dijo que esta declaratoria no debe estar atada a una sentencia condenatoria ejecutoriada en lo penal, porque la extinción de dominio es materia civil.
Las reformas al COIP, además, fueron comentadas por el abogado constitucionalista, José Cedeño, quien pidió analizar la pena para sancionar la conducta de los colaboradores en el delito de delincuencia organizada, que según la propuesta es desmedida. La segunda observación fue respecto a la Ley de Extinción de Dominio, sobre la proporcionalidad que debe existir entre la pena privativa de libertad y el monto de activos objeto del delito.
Entre tanto, el docente de la Universidad Central, Héctor Tapia empezó su análisis a partir de la reflexión: “hagamos que robar sea más costoso”, aquello con relación al incremento de penas. Añadió que desde el Estado hay que seguir la plata y no a las personas y sugirió que exista un informe pericial del contexto social del infractor.
Durante la sesión, las y los legisladores plantearon consultas sobre la dosimetría penal, la técnica jurídica aplicada para el incremento de penas en delitos relacionados con la minería, entre otros aspectos de la reforma.
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