La Comisión de Fiscalización y Control Político, en vista de que varios asambleístas retiraron sus firmas de respaldo, archivó las solicitudes de juicio político en contra de Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública; Andrea Montalvo, exsecretaria de Educación Superior, Ciencia y Tecnología; y, Pablo Arosemena, exministro de Economía, propuestas por las asambleístas Patricia Núñez; María Fernanda Araujo; e, Inés Alarcón, respectivamente.
Una vez resuelto el archivo, Pamela Aguirre, presidenta del organismo legislativo, dispuso que Secretaría notifique a la Presidencia de la Asamblea Nacional, a los exfuncionarios cuestionados y a los solicitantes de los referidos juicios políticos, con toda la documentación adjunta, incluidas las comunicaciones por las cuales las y los asambleístas expresan su voluntad de retirar las firmas de respaldo y los respectivos memorandos remitidos por la Secretaría General.
En el primer caso, la solicitud de juicio político presentada por la asambleísta Patricia Núñez en contra de Sebastián Corral, contaba con 41 firmas; entre el 26 y el 28 de junio 26 legisladores retiraron su apoyo, con lo cual quedaron únicamente 15 firmas válidas. En función de esta circunstancia y por incumplir con este requisito, la mesa, con siete votos afirmativos, archivó la solicitud.
Respecto del juicio contra la extitular de la Senescyt, Andrea Montalvo, propuesto por María Fernanda Araujo, que se presentó con el respaldo de 35 asambleístas, se retiraron cuatro firmas, con lo cual solo se alcanzaba 31, número inferior al mínimo de 34 firmas previsto en la ley. Con seis votos afirmativos, la Comisión archivó el expediente. Previamente, dado que la asambleísta Araujo remitió un alcance con nuevas firmas, sobre la base de la explicación del secretario general, Alejando Muñoz, en el sentido que el único organismo facultado para autorizar que se complete una solicitud de juicio político es el Consejo de Administración Legislativa, la mesa se abstuvo de acoger dicho documento.
Lo mismo ocurrió en el caso de la solicitud de enjuiciamiento político al exministro de Economía, Pablo Arosemena, propuesta por la asambleísta Inés Alarcón. En igual sentido, la proponente remitió nuevas firmas, las cuales no podían ser aceptadas en esta fase del proceso. La solicitud originalmente tuvo 35 firmas, se retiraron cuatro y quedaron 31. Con seis votos afirmativos, la Comisión archivó el proceso.
En el debate los legisladores subrayaron la imposibilidad de continuar con los tres juicios políticos, ya que no contaban con el requisito del número mínimo de firmas; por lo cual seguir con la sustanciación habría significado una lesión al debido proceso y al principio de seguridad jurídica. Además, habría acarreado su nulidad. Así mismo, indicaron que archivar los juicios no deja en impunidad las acciones u omisiones de los exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso, pues ellos tendrán que rendir cuentas ante los organismos de control como manda la Constitución y la ley.
EG/am
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