Dentro del tratamiento del informe para primer debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Comisión de Garantías Constitucionales, que preside la asambleísta Paola Cabezas, recibió los criterios de los representantes de la Ecuarunari, la academia y Municipio de Quito.
La doctora Sandy Tocagón, de la Ecuarunari, observó la aplicación del principio de interculturalidad que debe contemplarse en todas sus disposiciones; para ello se necesita conocer y comprender la realidad de los pueblos a fin de que se garanticen sus derechos con enfoque intercultural, respeto a la diversidad, igualdad jerárquica en los sistemas jurídicos, formas de vida y autonomía en el ejercicio de las funciones de los pueblos y nacionalidades.
Carlos Varela, docente universitario en materia de derecho constitucional y garantías constitucionales, alertó en la importancia de reformar las disposiciones relacionadas con la vulneración de la tutela de derechos constitucionales toda vez que la víctima espera varios años para obtener una reparación integral. Dijo que el diseño actual desalienta el acuerdo reparatorio, además existen medidas imposibles de aplicarse.
Afirmó que las reformas ayudan al cumplimiento de las medidas y beneficio para las víctimas, no sometiéndolas a nuevas cargas procesales y también a que el proceso sea expedito.
Por último, Andrés Segovia, procurador del Municipio de Quito, tras mencionar que le parece relevante que la comisión recoja una visión desde lo público, pidió que en el artículo 27 del proyecto se limiten las medidas cautelares en temas de contratación pública, lo que permitirá a los administradores de las ciudades ejercer los procedimientos de contratación.
Con relación al artículo 42, sobre la improcedencia de la acción, señaló que se debería impedir el reinicio de acciones de protección por procedimiento de contratación pública, las alianzas público privadas o concesiones con el Estado. Consideró que estas acciones se deberían dar cuando la pretensión del accionante sea el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y del ambiente, y que estos ya hayan sido objeto de pronunciamientos de la Corte Constitucional.
La presidenta de la comisión, Paola Cabezas precisó que las reformas se tratan con claridad técnica y jurídica.
RSA/am
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