La Comisión de Garantías Constitucionales recibió a delegados ministeriales, académicos y especialistas en derechos humanos, para continuar con la fiscalización a la situación actual de las personas adultas privadas de la libertad.
La primera en intervenir fue Juana Goebertus, representante de Human Rights Watch, quien observó que Ecuador atraviesa por una grave crisis en su sistema penitenciario. “La ausencia de políticas públicas efectivas en materia de seguridad penitenciaria ha desencadenado irrespetos a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, por parte de la Fuerzas Armadas, actualmente encargadas del control en los centros penitenciarios”, dijo.
“Human Rights Watch ha sistematizado una serie de violaciones a los derechos humanos dentro de las cárceles, como obstaculizar la comunicación de privados de la libertad con sus familiares, negar acceso a la defensa y limitar servicios de salud pública. Además, conocemos de alertas sobre 46 posibles casos de tortura reportados en la Fiscalía General del Estado”, detalló.
De su lado, la académica universitaria, Marilyn Urresto puntualizó en que, “el Ecuador, desde el 2018, ha pasado por 20 veces en estado de excepción, lo que se traduce en 915 días de militarización, restricción de derechos, mas no en seguridad, pues la violencia relacionada al crimen organizado se ha diversificado”.
“La militarización de las ciudades no funciona. Trasladar la guerra a los barrios más empobrecidos y racializados del país no es, bajo ninguna circunstancia, efectiva ni sostenible para la seguridad, es por eso que nos hemos convertido en el país más violento en la región, con una tasa de 46 homicidios por cada 100 mil habitantes”, concluyó.
Finalmente, Gabriel Villavicencio, delegado del Ministerio de Salud, detalló que, a la fecha, 252 profesionales de las diferentes ramas de la salud prestan sus servicios en los 35 centros de privación de la libertad, a nivel nacional. “Las 32.788 personas de la población privada de la libertad en el Ecuador, sin excepción de ningún tipo, cuentan con atención prehospitalaria, hospitalaria y emergente frente a cualquier inconveniente de salud ”, informó.
Al finalizar, Marilyn Urresto solicitó a los legisladores realizar visitas de veeduría a los centros penitenciarios, para contrastar la información entregada por la cartera de Estado y los protocolos empleados para dotar de medicamentos y atenciones médicas en las cárceles.
CV/am
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