Para continuar con la fiscalización de la situación de las personas adultas privadas de la libertad (PPL), la Comisión de Garantías Constitucionales recibió en su mesa de trabajo a familiares de PPL y al ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.
La autoridad manifestó que las Fuerzas Armadas (FFAA) han tomado el control de los centros de privación de la libertad (CPL), a fin de recuperar la paz en su interior y de romper las prácticas de autogobierno instaladas por los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO).
“Las acciones de las FFAA al interior de los CPL se han realizado en el marco legal y precautelando los derechos humanos, seguridad y salud física de las PPL, sin perder la rigurosidad de la intervención militar”. Según informó la autoridad, para la vigilancia y la protección de los derechos humanos, el Ministerio de Defensa ha creado una Comisión de Vigilancia integrada por militares y sociedad civil.
En cuanto a la tutela judicial efectiva, el ministro destacó que durante el 2024 se han presentado 50 acciones por presuntas violaciones a los derechos humanos de PPL. “De estas, 8 han tenido aceptación total, 3 se aceptaron por vulneración al derecho a la salud, 1 por falta de alimentación, 3 por determinarse ilegalidad en detención y 1 por vulneración de salud física”, señaló.
“Además, hemos incorporado en las mallas de nuestras academias militares, materias como uso legítimo de la fuerza, capacitación en derechos humanos, derecho internacional humanitario, igualdad y no discriminación, derechos de niños y adolescentes, igualdad de género, entre otras”, dijo.
También comparecieron ante la comisión, Ana Morales, Roxana Veneziano y Giselle Salinas, familiares de PPL, quienes manifestaron que, “desde el ingreso de las FFAA a los CPL se han presentado vulneraciones a los derechos humanos, desatenciones sistemáticas a la salud, alimentación y comunicación de las PPL”. Finalmente, detallaron las particularidades de las supuestas vulneraciones sufridas por sus familiares al interior de los CPL a nivel nacional.
En respuesta, Catalina Salazar, Jhajaira Urresta, Paola Cabezas y Adrián Castro realizaron cuestionamientos a la autoridad presente y manifestaron que la acción de las FFAA siempre debe contemplar la Constitución de la República.
En otro orden, la comisión continúo su análisis sobre la situación jurídica de las personas amnistiadas en el denominado caso “Comandos de Taura”, para que, según lo solicita el legislador Lucio Gutiérrez, sean registrados en el servicio pasivo de las FFAA, con el goce de todos sus derechos.
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