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En el marco del proceso de fiscalización del cumplimiento de lo que dispuso la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, relacionado al Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico y al fondo común para la circunscripción territorial especial amazónica, la Comisión de GADs recibió la comparecencia de funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI), Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (CTA) y del Ministerio de Finanzas, quienes entregaron información requerida oportunamente.
El asambleísta Héctor Valladarez, solicitó información sobre la recaudación de regalías mineras, utilidades de empresas mineras y de electricidad, y el cumplimiento de la Ley Especial Amazónica.
Por su parte el legislador Eustaquio Tuala consultó sobre la recaudación de regalías mineras y utilidades de empresas generadoras de electricidad.
Otro pedido de información lo hizo la asambleísta Fabiola Sanmartín, sobre la recaudación por impuestos y regalías de los proyectos mineros Fruta del Norte y Mirador, en la provincia de Zamora Chinchipe, y el cumplimiento de la obligatoriedad de cambio de domicilio tributario de las empresas en la circunscripción territorial especial amazónica.
Blanca Sotomayor y Mauricio Coronado, delegados del SRI, explicaron que la información que disponen es aquella relacionada con las regalías mineras, que bordearía los USD 180 millones, del año 2019 al 2023. Ante el pedido de los legisladores Héctor Valladarez y Eustaquio Tuala, el SRI ampliará la información por escrito.Gustavo Piedra, secretario Técnico de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, informó que los ingresos para el Fondo Común, desde el 2019, asciende a USD 364 millones, por concepto de los diferentes ingresos, distribuidos en 250 proyectos por USD 350 millones. Entre tanto, el ingreso para el Fondo de Desarrollo Sostenible, desde el 2018, asciende a USD 1554 millones.
Por último, Jorge Villarroel, representante del Ministerio de Finanzas, informó sobre el proceso de conciliación de valores adeudados desde 2018 hasta 2023, debido a la fluctuación del precio del barril de petróleo.
