El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó a trámite 8 nuevos proyectos de ley presentados entre junio y julio del 2024, una vez conocidos los informes técnicos jurídicos no vinculantes de la Unidad de Técnica Legislativa (UTL), que recomienda su calificación.
Una iniciativa de Ley sobre Consulta Previa y una reforma a la Ley Orgánica de Discapacidades serán tratadas por la Comisión de Garantías Constitucionales. Mientras que una reforma a la Ley Orgánica de Salud será analizada por la Comisión Especializada en esta materia.
La Comisión de Derecho al Trabajo dará trámite a una iniciativa que reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público, con la finalidad de eliminar la pensión vitalicia a expresidentes y exvicepresidentes de la República.
Un proyecto que modifica la Ley de Fomento y Desarrollo del Sector Agropecuario se estudiará en la Comisión de Soberanía Alimentaria y otro que reforma la Ley Amazónica será tratado por la Comisión de Biodiversidad.
La Comisión de Justicia dará seguimiento a una reforma al Código Orgánico Administrativo y la Comisión de Régimen Económico trabajará en la creación del Código Orgánico de Contratación Pública Socialmente Responsable. Las mesas parlamentarias designadas fueron autorizadas a unificar estos proyectos con otros de la misma materia que se encuentren en trámite.
Además, el CAL conoció sobre la falta de respuesta a pedidos de información realizados por los asambleístas Viviana Veloz y Leonardo Berrezueta a los ministros de Transporte y Salud; Director General del SNAI; Superintendente de Compañías; Secretario de Integridad Pública; y, Director del IESS. Según el artículo 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) resolvió remitir la documentación relacionada a estos incumplimientos a la Comisión de Transparencia, para que proceda de acuerdo con la normativa.
Por otro lado, resolvió calificar a trámite los juicios políticos contra Johanna Verdezoto, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la ministra del Interior, Mónica Palencia, presentados por las legisladoras Ana Herrera y Paola Cabezas, respectivamente.
Según el artículo 80 de la LOFL, el órgano legislativo dispuso remitir la solicitud de juicio político, junto con la documentación de sustento a la presidenta de la Comisión de Fiscalización.
También avocó conocimiento sobre la solicitud de juicio político contra Ángel Torres y Joaquín Viteri, jueces principales del Tribunal Contencioso Electoral y solicitó a la UTL remitir un informe de verificación sobre el cumplimiento de requisitos para la procedibilidad de estos procesos de control político.
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