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La Comisión de GADs recibió la comparecencia de asambleístas amazónicos, autoridades de gobierno, gremios de gobiernos locales y sociedad civil, para receptar aportes dentro del procesode fiscalización para determinar el cumplimiento de la Ley Orgánica para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, respecto del Fondo de Desarrollo Sostenible y el Fondo Común.
El asambleísta Héctor Valladarez, quien lleva el proceso de fiscalización, señaló que se ha identificado un perjuicio de alrededor de $1.200 millones a los amazónicos. Por ello, exigió transparencia en la gestión de regalías mineras y otros recursos y convocó a los representantes legales de las grandes empresas mineras para aclarar la situación.
John Arroyo, delegado del Gerente del Banco Central, indicó que se han entregado cerca de $169 millones a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, desde la aplicación de la Ley Amazónica. Sin embargo, dijo que faltan lineamientos para distribuir fondos a universidades amazónicas y que estos recursos serán distribuidos cuando se tenga las instrucciones necesarias.
El asambleísta Comps Córdova lamentó la no comparecencia del ministro de Energía y cuestionó los pagos y deudas relacionados con la extracción de petróleo en la Amazonía. Hizo un análisis de la falta de transparencia en los fondos de desarrollo sostenible y común.
De su lado, el asambleísta Roberto Cerda denunció el engaño y los daños causados por la minería en la Amazonía. Criticó la ejecución de fondos y la falta de infraestructura y servicios básicos. Solicitó que se entregue información detallada sobre regalías y transferencias.
Para la asambleísta Sandra Rueda la falta de control y compromiso del gobierno en la explotación minera y petrolera es inaceptable.
Luis Alfonso Lluglla, delegado de la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Provinciales de la Amazonía Ecuatoriana (CONGA), indicó que la deuda del gobierno central con la Amazonía es de 925 millones de dólares solo en petróleo, mientras que Ángel Armijos, secretario General del COMAGA, explicó la necesidad de revisar el porcentaje asignado del Fondo de Soberanía para acelerar el pago de la deuda histórica de $407 millones y fortalecer el desarrollo local.
