Durante la Sesión 946 del Pleno de la Asamblea Nacional, la asambleísta Dra. Mariana Yumbay expuso su postura respecto al informe para Primer Debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, resaltando la importancia de proteger y garantizar los derechos de este grupo poblacional.
La Dra. Yumbay comenzó su intervención citando a un filósofo suizo: "Saber envejecer es la mayor de las sabidurías y uno de los más difíciles capítulos del gran arte de vivir", subrayando así la valiosa experiencia que las personas adultas mayores aportan a la sociedad. Resaltó que estas personas deben ser tratadas con dignidad y respeto, recibiendo cuidados y atenciones no solo por parte de sus familias, sino también de la sociedad y del Estado.
En su discurso, la asambleísta enfatizó la necesidad de que las personas adultas mayores ocupen un lugar fundamental en la toma de decisiones y en la ejecución de políticas que aborden los grandes problemas del país, aprovechando su vasta experiencia. Además, criticó la tendencia de ver a este grupo como simples beneficiarios de derechos, en lugar de actores clave en la sociedad.
La legisladora citó datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) del 2022, que indican que el 9% de la población ecuatoriana son personas adultas mayores, lo que equivale a aproximadamente 1.520.590 personas. También señaló que solo el 15,4% de este grupo tiene empleo adecuado, con un ingreso promedio de 295,2 dólares, lo que evidencia las dificultades que enfrentan y la urgencia de garantizar sus derechos constitucionales.
La reforma propuesta busca establecer un sistema de cuidado especial y actualizar el rol del Estado para implementar políticas, planes y programas que aseguren los derechos de las personas adultas mayores. Sin embargo, la Dra. Mariana Yumbay hizo observaciones al proyecto, sugiriendo la inclusión de datos actualizados y una mayor integración del principio de interculturalidad en todo el contenido normativo.
Finalmente, la asambleísta advirtió sobre los riesgos de privatizar la atención gerontológica, recordando que, según la Constitución, la responsabilidad de garantizar los derechos de las personas adultas mayores recae en el Estado ecuatoriano.
Dra. Mariana Yumbay YallicoSu formación académica es notable, destacándose como Doctora en Jurisprudencia y Abogada de los tribunales por la Universidad Central del Ecuador.
Ha alcanzado diversos logros académicos, entre ellos, su especialización en Derechos Colectivos por la Universidad Andina Simón Bolívar, su título de Magíster en Derecho Penal y Criminología obtenido en la Universidad Autónoma Regional de los Andes-Ambato, y su diploma en Derechos Humanos y Democracia por la misma institución. Su experiencia académica también incluye una destacada participación como experta en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional por la Universidad Carlos III de Madrid, España.
A nivel profesional, la Dra. Yumbay Yallico ha dejado una huella significativa. Ha colaborado como asesora y consultora para importantes organismos como CARE ECUADOR, ECOLEX, AYUDA POPULAR NORUEGA, PROLOCAL, AME y el BANCO MUNDIAL. Además, ha brindado asesoría a diversas organizaciones campesinas, indígenas y no indígenas en todo el país.
En el ámbito judicial, la Dra. Yumbay Yallico ha marcado hitos importantes al convertirse en la primera mujer indígena Jueza de Garantías Penales y de Tránsito de Bolívar, así como la primera mujer indígena Jueza de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Su destacada trayectoria también la llevó a presidir la Sala de Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia.
A nivel gubernamental, ha ocupado el cargo de Subsecretaria Social y de Articulación del Recurso Hídrico en la Secretaría del Agua (SENAGUA).
Su compromiso con la academia se refleja en su labor como docente en la Universidad Andina Simón Bolívar-Sede Ecuador, la Universidad de Guayaquil y el Instituto para las Ciencias Indígenas Pacari. Además, ha compartido su conocimiento como ponente y conferencista en diversas universidades e instituciones en numerosos países, incluyendo Costa Rica, Canadá, España, Bolivia, Chile, Argentina, Perú, México, Guatemala, Brasil, Panamá, Suecia, Estados Unidos, entre otros.
También ha sido reconocida como miembro del Consejo de Expertos sobre Consulta Previa, Libre e Informada de Latinoamérica, así como del Grupo de trabajo por el Pluralismo Jurídico de Latinoamérica (PRUJULA).
