El abandono de los adultos mayores por parte del Estado, la sociedad y las familias fue una de las preocupaciones de los legisladores, en el primer debate de la reforma a la Ley de los Adultos Mayores, que busca garantizar una adecuada asistencia económica y psicológica, fomentar actividades recreativas, disminuir su dependencia económica y protección contra todo tipo de violencia.
El ponente del informe, Paúl Buestán subrayó que la propuesta crea herramientas para garantizar los derechos de este sector, a través de una atención especializada, el desarrollo de programas que fomenten su autonomía personal, medidas para evaluar y determinar su capacidad contributiva y mejorar su atención en centros gerontológicos.
Igualmente, busca mayor relevancia al rol del cuidador ante un crecimiento acelerado de este grupo de atención prioritaria; por ello, establece el procedimiento para que una persona sea considerada como cuidadora, tomando en cuenta sus derechos, deberes, obligaciones y prohibiciones, sin descuidar el rol que debe cumplir el familiar de la persona adulta mayor.
En el debate, la legisladora Mariana Yumbay dijo que se trata de defender los derechos de hombres y mujeres adultas mayores que deben ser colmados de cuidados y atenciones por parte de la familia, la sociedad y el Estado. Solo el 15.4 % tiene derechos garantizados, lo que demuestra que están atravesando enormes complicaciones. Dentro de sus observaciones sugirió que conste en la normativa el principio de interculturalidad.
Los adultos mayores están en la indefensión, cuya condición de vulnerabilidad se evidencia cuando ellos dependen de sus familiares, señaló Jaminton Intriago. Añadió que, el 42 % de los adultos mayores residen en la zona rural, en donde no tienen acceso al seguro social, viven en condiciones infrahumanas y de miseria al no haber la debida atención. Más de un millón de personas son mayores de 65 años; 6 de 10 dependen económicamente de sus familiares; no tienen acceso a créditos.
De su lado, Mónica Salazar señaló que es increíble que a los adultos mayores aún teniendo las garantías suficientes no se les concede un crédito. Planteó que se incluya la obligación para acceder a fuentes blandas de financiamiento y créditos sin discriminación; y, financiamiento para el emprendimiento e innovación.
Al cierre del debate, la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz dispuso que el proyecto de Ley regrese a la Comisión de Garantías Constitucionales para la elaboración del informe para segundo debate.
RSA/am
Más fotografías:
