El Pleno de la Asamblea Nacional analizó el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica para la Protección y Defensa de los Derechos de los Animales, que unifica cinco iniciativas en la materia, incluida la elaborada por la Defensoría del Pueblo, tras sentencia de la Corte Constitucional, por el caso denominado “Mona Estrellita”, del 27 de enero de 2022.
Los proyectos de ley unificados tienen como propósito la regulación de los derechos de los animales en los términos establecidos por la Corte Constitucional en la referida sentencia, detalla el informe elaborado por la Comisión de Biodiversidad.
“Para la construcción del informe se recibieron más de 90 aportes de colectivos pro derechos de los animales, representantes del sector productivo, biólogos especialistas, miembros de la academia y entidades gubernamentales, quienes aportaron con observaciones específicas a los textos que conforman los diferentes proyectos de ley unificados”, dijo Guido Vargas, ponente y presidente de la comisión.
“El análisis realizado en nuestra comisión se abordaron temas polémicos como las posibles afectaciones a las diferentes cadenas productivas, así como a los sectores más vulnerables, por el potencial incremento de los precios de alimentos de origen animal, como consecuencia de la transformación propuesta a los sistemas de producción”, señaló.
Durante el debate intervinieron 11 legisladores, quienes coincidieron en la urgente necesidad de legislar en favor de los derechos de los animales, sin olvidar los desafíos relacionados con el contexto económico y productivo.
“Como seres sintientes, los animales merecen un tratamiento respetuoso, responsable, compasivo, más no una sobrerregulación y legislación excesivamente restrictiva, pues esto podría comprometer la seguridad alimentaria de los ecuatorianos”, dijo la legisladora Lucía Posso.
De su lado, Jaime Moreno y Milton Aguas, miembros de la comisión de Biodiversidad, destacaron que, “la ley busca un equilibrio entre el cuidado y protección de los derechos de los animales, sin descuidar la dura económica situación de los pequeños sectores productivos o de los comerciantes que sobreviven gracias a su cultura gastronómica y la venta en los mercados mediante la exhibición de carne”.
También intervinieron los legisladores, Jaminton Intriago, Ana Galarza, Mónica Salazar, Ramiro Vela, Juan Rosero, Lenin Rogel y Andrés Briones, quienes destacaron la obligación del Parlamento ecuatoriano de cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional en favor de reducir el trato cruel a los animales, sin desconocer las actividades culturales y económicas que los involucran.
Al finalizar el debate, la primera vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, quién dirigió la sesión, dispuso que el proyecto de ley regrese a la comisión para la elaboración del informe de segundo debate.
Comisiones Generales
Previo al debate, el Pleno de la Asamblea Nacional recibió a trece representantes de distintos sectores productores, ganaderos, académicos, colectivos animalistas, entre otros, quienes expusieron sus observaciones.
A consideración del abogado Juan José Grijalva destacó que: “Si bien la Corte Constitucional reconoció a los animales como sujetos de derechos, estos tienen que ser armonizados con los derechos humanos a la propiedad, a la propia cultura y a la alimentación”.
Coincidió con estos criterios, el miembro del Colectivo Bienestar Animal, Rodrigo Gómez, quien destacó que, “la sobrerregulación puede generar efectos no deseados para la producción nacional, como el desabastecimiento, el aparecimiento de las economías irregulares, la proliferación de mercados clandestinos y la desmotivación de aquellos productores que intentan cumplir con las normativas”.
La docente veterinaria, Pamela Estupiñán destacó que el proyecto de ley debe contar con protocolos bien desarrollados y con criterios científicos y técnicos que permitan evaluar de forma efectiva el bienestar animal sin caer en criterios subjetivos. La también académica chilena Celeste Jiménez mencionó que es importante incluir en el articulado el concepto “green criminology”, que permite observar delitos contra la naturaleza y sus elementos, tráfico de animales para financiar al terrorismo, entre otras.
Mientras que Shady Heredia, coordinadora del Colectivo Ley Orgánica Animal señaló que, “en el informe debatido sostiene las prácticas crueles y reduce las sanciones por maltrato y abandono de animales a un mísero 30 % de un salario básico”.
También participaron Mónica Guarderas, presidenta del Centro Agrícola Mejía; Carlos Fernández, presidente de la Asociación Holstein Ecuador; Diego Guerrón, del Centro Agrícola Espejo; Gabriela Cruz, de los sectores pesqueros del Ecuador; María de los Ángeles y Raúl Ramírez, miembros del Consejo Nacional Provida de Niños y Adolescentes.
CV/am
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