La Comisión Especializada Permanente de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes analizó el informe relacionado con lo dispuesto en la Resolución Nro. RL-2023-2025-028, respecto a la propuesta normativa para mejorar la protección de niñas, niños y adolescentes en Ecuador.
Tras conocer las propuestas de articulado referente a la prevención, que será parte del Libro IV del COPINNA, los comisionados revisaron las conclusiones de las comparecencias y mesas técnicas con relación a esta temática.
Según el informe se identifica la falta de coordinación entre las instituciones estatales para enfrentar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos de delincuencia organizada. Este fenómeno creciente requiere una respuesta coordinada y multisectorial del Estado, a través de una estrategia descentralizada que involucre a entidades a nivel nacional y local, y a la sociedad civil.
El análisis efectuado por la comisión reveló deficiencias en la gestión estatal y en la implementación de políticas públicas, que afectan el desarrollo y la protección de los derechos de la niñez y adolescencia.
En este contexto, desde el Ministerio de Educación se evidenció la tasa de abandono escolar para el ciclo 2022-2023 que fue del 1,88 %, afectando a 78.664 estudiantes. El programa "Todos al Aula" reincorporó a 13.827 niñas, niños y adolescentes, lo que representa apenas el 17,58 % del total de estudiantes que abandonaron la escuela.
El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos sostuvo que no cuenta con un programa exclusivo. Su proyecto de prevención de violencias y fortalecimiento de capacidades incluyó actividades, alcanzando a un 2,98 % de la población escolar.
Según el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en 2022, aproximadamente 250.000 niñas, niños y adolescentes enfrentaron el trabajo infantil. El programa de erradicación del trabajo infantil del Ministerio planea atender a 12.000, lo que representa apenas el 4,83 % de los afectados.
Las comparecencias confirmaron que los niños, niñas y adolescentes son víctimas de diversas formas de violencia y violaciones de derechos, lo que los hace vulnerables al reclutamiento por organizaciones delictivas.
Finalmente, los comisionados aportaron con sus comentarios y observaciones ante la mesa legislativa, que continuará con el análisis del informe, previo a su aprobación en una próxima sesión.
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