Este sábado 17 de agosto, la Comisión de Biodiversidad, presidida por el asambleísta Guido Vargas, aprobó de forma unánime el informe para segundo debate del proyecto de Ley Reformatorio al Código Orgánico del Ambiente, mismo que busca generar definiciones claras en relación a los servicios ambientales, así como los esquemas de compensación y participación de los proyectos, en relación a la reducción de los gases de efecto invernadero y cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, respecto a esta preocupación mundial.
La propuesta unifica varios proyectos de ley que tienen relación con la reforma al Código Orgánico del Ambiente, que aborda temáticas tales como: Sistema de Gestión de Residuos, permisos ambientales, declaraciones de reservas hídricas, entre otros aspectos.
En su tratamiento, los legisladores participaron junto a los actores ambientales, quienes resaltaron la conservación y preservación del ambiente, del ecosistema y la biodiversidad, además solicitaron que se mantengan los recursos como alternativas de desarrollo a los pueblos y nacionalidades, comunas, productores y otros sectores.
Criterios de expertos
La Comisión recibió los criterios de varios especialistas ambientales. Marcelo Salame, científico experto en sostenibilidad y presidente de la Asociación Ecuatoriana de Carbono, habló del proceso de descarbonización con sus beneficios para el Ecuador y su impacto en el cambio climático.
Expuso que es necesario que el Estado trabaje con eficiencia para un proceso de descarbonización. “La naturaleza y los ciudadanos se los van a agradecer" señaló, tras hacer énfasis en que la biodiversidad del país en cuanto a especies, ecosistema y la naturaleza productiva nos pone en un sitial privilegiado para beneficiar a pueblos y nacionalidades, productores y otros. Hay que evitar los desaciertos y se debe ser estrictos en las regulaciones de los mercados. “El proceso de descarbonización debe ir de la mano con este gran mercado”, concluyó.
El presidente y cofundador de Ikiam Foundation, Tuntiak Katan enfatizó en el impacto que tiene la explotación y uso de carbono en los ecosistemas, en la biodiversidad, en la aceleración del calentamiento global y en pueblos indígenas amazónicos. Subrayó que es un derecho de los pueblos y nacionalidades participar de la construcción de una política pública para la conservación de la naturaleza.
De su lado, el abogado Xavier Valverde, especialista en Derecho de Estado con énfasis en Recursos de la Naturaleza, se refirió a los antecedentes; constitucionalidad de la reforma; y, servicios ambientales y de mercado. Señaló que dentro del proyecto se ha dado categoría jurídica a cada una de las etapas de este proceso para que culmine en el mercado de carbono, lo que da seguridad jurídica.
El mercado voluntario de carbono y sus servicios están generando ese objetivo al Estado para que tiendan a regularizar el aprovechamiento de los recursos de la naturaleza, puntualizó.
Por último, Verónica Arias, experta ambiental, dijo: "Si seguimos haciendo lo mismo en cuanto a reciclajes estamos en un escenario muy grave; si reducimos o eliminamos en rellenos sanitarios, reducir, rehusar y reciclar se puede bajar la curva al año 2040, de 82 % al 45 % de basura".
Expuso sobre la contaminación terrestre, atmosférica y acuática, ocasionada por el mal manejo de desechos, principalmente, el de los plásticos.
RSA/am
