En cumplimiento del mandato ciudadano y antes del plazo establecido, el Pleno de la Asamblea Nacional inició el proyecto de Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular y Referéndum del 21 de abril de 2024, que reforma el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y la Ley Orgánica de Extinción de Dominio.
Por petición del presidente de la Comisión Multipartidista, Carlos Vera Mora, se suspendió el segundo debate, por 48 horas, hasta analizar las nuevas observaciones expuestas por las y los legisladores. La solicitud se fundamentó en el artículo 62, inciso 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
En la sesión se presentaron los criterios de expertos en materia penal y de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron varias observaciones al articulado, indicando la necesidad de modular algunos de los tipos penales enviados por el Ejecutivo.
Los temas debatidos fueron sobre las acciones del Estado contra la delincuencia, sanciones para la corrupción y delincuencia de cuello blanco, aplicación del principio de proporcionalidad de las penas, dosimetría penal, límites del dictamen de la Corte Constitucional, necesidad de combatir al crimen organizado, impulso de políticas públicas enfocadas en las causas, plan integral para combatir la delincuencia, y el incremento de delitos en el 200 %.
Previo al debate, en comisión general, el experto Pablo Encalada reflexionó sobre la proporcionalidad necesaria entre los delitos y las penas, considerando los bienes jurídicos lesionados. Sugirió analizar las penas en los delitos de terrorismo, delincuencia organizada, minería ilegal y otros.
La reforma al COIP aumenta las penas en doce delitos: trata de personas; asesinato; sicariato; secuestro extorsivo; producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización; tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización; actividad ilícita de recursos mineros; lavado de activos; tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas; terrorismo; financiación del terrorismo; y, delincuencia organizada. Según la gravedad de la infracción en algunos casos la pena máxima llega a los 30 años de privación de libertad.
También incluye a más delitos en los que las personas privadas de la libertad no podrán acceder al régimen abierto y semiabierto, dentro del proceso de rehabilitación social; tipifica el delito de tenencia y porte no autorizado de armas, municiones o componentes de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de uso privativo de la Policía Nacional; y, determina legalmente el destino de las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito.
Entre tanto, con relación a reforma a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio se establece que la actividad ilícita tendrá relación con los delitos de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, producción, comercialización o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tráfico o trata de personas, terrorismo o su financiamiento, asesinato, sicariato, secuestro extorsivo, tráfico de armas, actividad ilícita de recursos mineros y delincuencia organizada.
Nació en el cantón Buena Fe de la provincia de Los Ríos, el 14 de julio de 1966.
Es doctor en medicina veterinaria, zootecnista de profesión. Se dedica a la producción de banano, palma africana, ciclo corto, administración de una planta de secado de granos, agricultor por convicción desde muy temprana edad.
Filántropo y político preocupado siempre por las causas sociales, su misión de vida es servir a quienes más lo necesitan.
Ha sido concejal en dos períodos, luego vicealcalde de Buena Fe, llegando a ser vicepresidente de Consejo, alcalde del cantón San Jacinto de Buena Fe, desde el año 2014 hasta el 2022.
Ante la necesidad de ejecutar proyectos de ley en beneficio del sector agropecuario para el desarrollo de la provincia de Los Ríos y el país en general, se postuló como asambleísta provincial en el año 2023, obteniendo el triunfo con el apoyo popular expresado en las urnas, y desde el 17 de noviembre de 2023 desempeña su rol en la Asamblea Nacional del Ecuador para el período 2023 – 2025.
