En el marco de la fiscalización y protección de los derechos humanos, la Comisión de Garantías Constitucionales recibió a expertas en el ámbito judicial, quienes expusieron la grave situación de vulneración de derechos que enfrentan las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios del país.
Melissa Muñoz, jueza de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias, con sede en Quito, destacó que, desde la instauración del estado de excepción en los centros penitenciarios se han identificado serios problemas en alimentación, salud e integridad, derechos garantizados en la Constitución de la República.
Muñoz señaló que las deficiencias en el sistema de salud dentro de las cárceles han obligado a trasladar a los privados de la libertad a centros de atención de segundo y tercer nivel. Sin embargo, estos traslados han derivado en incidentes de fuga en especial en ciudades como Quito y Guayaquil, poniendo en riesgo no solo a los funcionarios públicos encargados de su custodia, sino exponiéndolos a procesos judiciales posteriores por estas fugas.
En el mismo tema, Ximena Rodríguez, jueza de Garantías Penales de la Unidad Penal de Iñaquito, presentó un informe de Human Rights Watch, elaborado entre enero y julio de 2024, en el que se detalla la situación crítica que enfrentan las personas privadas de libertad desde que las Fuerzas Armadas asumieron el control de los centros penitenciarios.
Rodríguez expresó su preocupación por el informe de la Defensoría del Pueblo, que exige explicaciones sobre los decesos ocurridos en los centros de rehabilitación entre febrero y mayo de 2024.
Al concluir, la presidenta de la Comisión, Paola Cabezas reafirmó el compromiso de continuar laborando para asegurar que todas las voces sean escuchadas. Destacó la importancia de la participación de familiares, expertos y actores clave en el proceso, con el fin de fundamentar las investigaciones y avanzar en la fiscalización de la situación de tales centros.
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