En el marco del tratamiento previo al informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Defensoría del Pueblo presentó observaciones. La institución destacó la importancia de que la ley responda a las necesidades actuales de la población y se ajuste a la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Rodrigo Varela, coordinador general de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza, de la Defensoría del Pueblo, subrayó los puntos claves de la reforma, como la justicia institucional, el contenido de la demanda, la comparecencia de las personas y la reparación integral. Christian Nieto, director de Análisis Normativo, de la misma institución, destacó la importancia de la colaboración interinstitucional para aportar desde diversas perspectivas al desarrollo de esta ley.
También expuso Vicente Solano, docente investigador de la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca, quien aportó un análisis académico de los derechos constitucionales, enfatizando la necesidad de que la reforma esté alineada con la Constitución del Ecuador.
Reparación Integral
Uno de los avances más importantes de la reforma es la agilidad en el proceso de cuantificación de la reparación integral, asignando esta tarea al juez encargado del caso. Sin embargo, también implica una mayor carga procesal y la creación de juzgados especializados en temas constitucionales, lo cual sería un paso relevante para el sistema judicial ecuatoriano.
Al finalizar, la presidenta de la Comisión de Garantías, Paola Cabezas aseguró que, el objetivo es garantizar los derechos constitucionales sin abusos, ni excesos y la intención de este proyecto de ley es contar con todas las voces necesarias para que pueda ser una normativa que permita fortalecer las garantías.
SH/am