Representantes de organizaciones de la provincia de Bolívar expusieron la problemática que enfrentan sus comunidades
En el marco de fiscalización y control político, ante los integrantes de la Comisión de Participación, los representantes de organizaciones de la provincia de Bolívar expusieron la problemática que enfrentan sus comunidades.
Este espacio permitió a las organizaciones manifestar sus necesidades y proponer soluciones con miras a mejorar la situación en la provincia, la cual atraviesa una serie de dificultades que motivan el pedido de declaratoria de emergencia.
Piedad Herlinda Guaranda, representante de la Organización Agropecuaria del cantón Echeandía, planteó la necesidad de atención urgente en temas críticos como la vialidad, seguridad, salud y educación. También detalló la falta de medicamentos en los centros de salud y de inversión en el sector agrícola y ganadero, lo que afecta el empleo local y provoca una ola migratoria en la provincia.
De su lado, Gilberto Vaca, voluntario del cantón Chimbo, reconoció el esfuerzo de la comisión para dar seguimiento a los pedidos y sugirió la inversión en la Unidad Educativa del Milenio en Chillanes. Además, subrayó el creciente problema del narcotráfico en zonas subtropicales de la provincia, donde la migración desde la Costa ha convertido estas áreas en puntos vulnerables.
Luego, la representante de las Juntas de Defensa del Campesinado del cantón San Miguel, Romelia Roma, se refirió a la situación de los precios de los productos agrícolas y del ganado, además del incremento del abigeato. Solicitó un mayor enfoque en la seguridad para los campesinos y la provisión de medicamentos. También resaltó la falta de créditos para incentivar los sectores de vivienda y turismo. Añadió que las carreteras de Bolívar, cruciales para la conexión entre Sierra y Costa, necesitan mantenimiento para mejorar la economía local.
La Comisión de Participación reafirmó su compromiso de dar seguimiento al pedido de declarar a la provincia en emergencia y de continuar escuchando a los representantes de las organizaciones locales, para garantizar que sus demandas sean atendidas por el Gobierno Central.
SH/am