El proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional ha generado interés en diversas instituciones clave del país, como la Corte Constitucional; Fiscalía; Petroecuador; y, la academia, representada por la Universidad Católica de Cuenca. Durante el tratamiento del informe para el segundo debate, representantes de estas entidades destacaron la importancia de los cambios propuestos y su impacto en el sistema judicial y administrativo.
José Gabriel Terán, delegado de la Corte Constitucional, agradeció la incorporación de gran parte de las observaciones del organismo en el proyecto de ley, lo cual refleja un proceso colaborativo entre las instituciones del Estado.
De su lado, José Luis Arcos, de la Fiscalía, destacó la relevancia de incluir en la reforma una causal de improcedencia para acciones de protección en relación con actos de los fiscales en etapas preprocesales y procesales, un tema que contribuirá a definir mejor los límites de tales acciones.
Cristian García, procurador de Petroecuador, valoró el enfoque en sectores estratégicos y la claridad en aspectos de competencia, así como en grados de jurisdicción en materia constitucional, comprometiéndose a seguir contribuyendo al proyecto. En el ámbito académico, José Luis Vázquez, docente de la Universidad Católica de Cuenca, resaltó la importancia de involucrar a la ciudadanía en estas reformas, dado que son fundamentales para los procesos de garantías constitucionales.
Finalmente, el asambleísta Paúl Buestán subrayó que el proyecto permitirá crear salas especializadas en cada jurisdicción y será un avance significativo para mejorar el acceso a la justicia, como en el caso de la provincia del Cañar, donde la falta de un Tribunal Contencioso Administrativo obliga a los ciudadanos a trasladarse a Azuay. Este aspecto muestra la necesidad urgente de ampliar la cobertura judicial en las distintas provincias.
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