En la continuación de la sesión 58 de la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte, la asambleísta María Gabriela Molina, en su calidad de proponente, sustentó el articulado del proyecto de Ley sobre la obligatoriedad de disponer de desfibriladores externos automáticos portátiles (DEA), que consiste en la obligación de darle un buen uso, a fin de salvar vida.
La legisladora aseguró que el uso oportuno del DEA puede salvar la vida de una persona. La probabilidad de supervivencia disminuye entre un 7 % y un 10 % por cada minuto que una víctima permanece en un estado de arritmia potencialmente mortal y sin atención médica, al advertir que las enfermedades cardiovasculares son un importante problema de salud pública y constituye una de las principales causas de muerte a nivel nacional y mundial.
Explicó que, en 2020, el Ministerio de Salud Pública subrayó que estos eran la primera causa de muerte en Ecuador. Así, en 2022, 13.508 personas fallecieron por enfermedades isquémicas del corazón; 5.051 por diabetes mellitus; y, 4.970 por enfermedades cerebrovasculares.
Sobre legislación comparada, indicó que en Colombia ya existe la obligatoriedad de que estos aparatos estén en lugares de acceso público de concurrencia masiva, como uso obligatorio para salvar vidas; al igual que en países como Chile, Perú y Argentina.
El desfibrilador externo automático (DEA), es un tipo de desfibrilador computarizado que analiza automáticamente el ritmo cardíaco de una persona que está sufriendo un paro. Cuando sea necesario, libera una descarga eléctrica al corazón para restablecer su ritmo normal. La conversión de una arritmia ventricular a un ritmo normal por una descarga eléctrica se llama desfibrilador.
Los establecimientos que estarán obligados a disponer de desfibriladores, en condiciones aptas para su funcionamiento y listos para su uso inmediato, entre otros serán: los comerciales, que cuenten con una carga de ocupación diaria igual o superior a 1.000 personas; terminales de buses, puertos, aeropuertos, estaciones de trenes subterráneos y de superficie; los establecimientos educacionales de nivel básico, medio y superior, con una matrícula igual o superior a 500 alumnos, en alguna de sus jornadas de enseñanza.
En la mesa legislativa, los asambleístas aplaudieron la iniciativa. Camilo Salinas dijo que el país debe estar preparado, no solo en el sector público, sino a nivel privado con el equipo de desfibrilador básico para ayudar a salvar vidas. Mientras, Humberto Tapia pidió ponerle atención a la medicina de género; dotar el equipo y capacitar sobre su uso. Entre tanto, Rosa Mayorga, tras señalar que en materia de prevención estamos con deudas pendientes, subrayó que la propuesta para el uso de un aparato muy importante para la salud será una medida inmediata para reaccionar ante un suceso.
Finalmente, el presidente de la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte, Jorge Guevara felicitó y respaldó esta propuesta legal.
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