Los legisladores Mercedes Erbs y Paúl Buestán presentaron los proyectos de reforma al Código Orgánico de la Función Judicial; y, de Equiparación de Derechos para todos los Despedidos con la Inconstitucional Compra de Renuncia Obligatoria. El primero busca que los sumarios disciplinarios incluyan una etapa de Audiencia Pública para que se convierta en un mecanismo de protección de los derechos del servidor judicial; y, el segundo pretende la declaratoria de nulidad del acto administrativo, que cesó en funciones a un servidor público por la figura de compra de renuncia obligatoria.
“La propuesta trata de resarcir derechos a las personas que fueron despedidas con la compra de renuncias, en las que muchas familias se quedaron en la indefensión, no han podido seguir con su afiliación a la seguridad social y a su jubilación” señaló María Mercedes Erbs.
La legisladora detalló que el objetivo del proyecto de Equiparación de Derechos para todos los despedidos con la Inconstitucional Compra de Renuncia Obligatoria es extender los efectos del precedente jurisprudencial obligatorio declarado por la Corte Nacional de Justicia en la resolución N.° 10.2024 de 5 de junio de 2024, a todos los servidores públicos que fueron cesados en funciones con la figura de la compra de renuncia obligatoria establecida en el Decreto Ejecutivo 813.
Reformas al Código de la Función Judicial
Mientras que, el asambleísta Paúl Buestán argumentó que el proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial modifica el artículo 116 para que al servidor de la Función Judicial se le presumirá de inocente mientras no se declare en audiencia pública, por resolución firme, su responsabilidad disciplinaria.
Dijo que la propuesta de Ley también modifica el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria de la Función Judicial para que sin perjuicio de las normas del debido proceso y a efectos de garantizar el derecho de defensa a los servidores judiciales, la autoridad sustanciadora convocará a una audiencia pública, donde expondrá sus argumentos y se practicarán todas las pruebas admitidas.
“Hoy, cuando existe un procedimiento de sanción administrativa a los jueces no existe una audiencia pública, en donde el ciudadano o el que pone la denuncia pueda acceder para ver si existe o no vulneración de derechos del juez”, dijo.
Añadió que, también existen casos en que los jueces no han querido sancionar por imposiciones de autoridades que están en supremacía a ellos, y por no sancionar como quieren ellos, son separados sin darles el debido derecho a la defensa.
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