La Comisión de Garantías Constitucionales, previo a los informes para segundo debate de los proyectos de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y a la Ley Orgánica de Discapacidades, recibió observaciones por parte de representantes de Instituciones públicas, universidades, profesionales de derecho y representantes del sector empresarial.
Control jurisdiccional
En este contexto, Milton Enríquez Velásquez, juez de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, agradeció por la oportunidad de realizar observaciones que contribuyan a la correcta construcción del cuerpo normativo; resaltando la importancia de estas reformas para fortalecer las garantías jurisdiccionales y el control constitucional en el país.
Erlin Estrada, coordinador de investigación de la Universidad Tecnológica Indoamérica, realizó varias observaciones al proyecto de ley en temas jurisdiccionales, especialmente respecto a las medidas cautelares, donde se aborda la acción extraordinaria de protección y explica por qué no se puede presentar una acción en conjunto con una garantía jurisdiccional. Además, argumentó que esta disposición puede limitar el acceso a la justicia y afectar la efectividad de las protecciones.
Gustavo Chiriboga, abogado constitucionalista y especialista en derecho penal, coincidió con varias observaciones de los comparecientes, en relación con la improcedencia de la acción de protección, enfatizando la importancia de comprender que cualquier acto de poder público está sujeto a la Constitución, lo que significa que puede ser objeto de control.
Discapacidades
María Bolaños, directora ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano, enfatizó la importancia de lograr un cumplimiento real y efectivo de la norma. Señaló que, en el artículo 47, que trata sobre la inclusión laboral, se propone aumentar obligatoriamente del 4 % al 8 % la contratación de personas con discapacidad. Sostuvo que alcanzar el 4 % es un objetivo ambicioso y muy difícil de cumplir para los empleadores.
Patricia Falconí, presidenta ejecutiva de Asetel Ecuador, coincidió con lo expuesto por la representante del Comité Empresarial Ecuatoriano respecto a la inclusión laboral. Dijo que el aumento de los porcentajes propuestos en la Ley Reformatoria a la Ley de Discapacidades complica el cumplimiento efectivo de estas disposiciones.
Comentó que trabajaron en una propuesta que permita beneficiar a este sector vulnerable, en el tema de pagos de servicios públicos. Así mismo, Falconí enfatizó que, desde el sector de telecomunicaciones, son conscientes del papel fundamental que desempeñan en la vida cotidiana de las personas con discapacidad, por lo que planteó la necesidad de encontrar un equilibrio que permita mejorar la inclusión sin comprometer la viabilidad empresarial.
SH/am
Más fotografías:
