La Comisión de Niñez y Adolescencia trató los temas de discapacidades, salud mental y protección de niños, niñas y adolescentes, con la presencia de los representantes de la Cancillería y Asociación de Padres y Amigos para el Apoyo y la Defensa de los Derechos de las Personas con Autismo del Ecuador (APADA).
Pablo Roldán, viceministro de Movilidad Humana, informó sobre las acciones que ha tomado la Cancillería para garantizar la protección de niñas y niños ecuatorianos que, sin compañía, han llegado a Estados Unidos. Indicó que los 178 casos reportados están siendo validados, ya que la información no se encuentra verificada ni confirmada. Además, afirmó que las oficinas consulares participan en la identificación, documentación, reunificación familiar y retorno de los menores al Ecuador.
El viceministro mencionó que, conforme al derecho internacional y la Convención de La Haya, la responsabilidad de proteger a los menores corresponde al Estado territorial, quien debe integrarlos al sistema nacional de protección. “De ninguna manera el consulado puede gestionar casas de acogida o interferir en procesos judiciales; lo que hacemos desde el consulado es un seguimiento y acompañamiento, pero depende de cada Estado aprobar su legislación y aplicar sus propios procedimientos, así como lo hacemos aquí en Ecuador con niños extranjeros”, explicó.
Agregó que la lucha contra la migración riesgosa es un esfuerzo que nos corresponde a todos como sociedad, y que la Cancillería, dentro de su ámbito de competencia, realiza las gestiones necesarias, trabajando de manera proactiva en el retorno seguro de estos menores al Ecuador. Aseguró que cada caso es tratado con la mayor diligencia, validando la información y colaborando con organismos internacionales para prevenir que estos casos sigan sucediendo.
Autismo y discriminación
Vladimir Andocilla, presidente de la Asociación de Padres y Amigos para el Apoyo y la Defensa de los Derechos de las Personas con Autismo del Ecuador (APADA), expresó su preocupación y duda sobre cómo, desde la legislación de la niñez, se puede lograr garantizar que el Estado asegure una detección y diagnóstico temprano de las distintas neurodiversidades.
“La elaboración de la Ley de Primera Infancia puede traer como consecuencia una doble normatividad que, al no estar adecuadamente alineada con el Código de la Niñez, podría generar contradicciones normativas, lo que eventualmente podría derivar en discriminaciones”, mencionó.
Explicó que es necesario realizar un proceso de aclaración normativa que permita establecer los límites al ejercicio de la libertad de educación. “El Estado no tiene un sistema administrativo sancionatorio para las instituciones o prestadoras de educación frente a procesos de discriminación, y es un tema que atañe al Parlamento”.
Andocilla considera necesario que el Legislativo avance en la evaluación de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en lo que respecta a las reformas relacionadas con las personas con discapacidad.
La presidenta de la mesa legislativa, Pierina Correa agradeció a los comparecientes por toda la información detallada, así como la presencia de los comisionados y equipo de apoyo.
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