La Comisión de Garantías Constitucionales continuó en el análisis del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, con observaciones de diversas autoridades del Estado para fortalecer el contenido de esta normativa.
Freddy Monge, superintendente de Economía Popular y Solidaria (s), manifestó el compromiso de su institución para contribuir en el proyecto, especialmente en temas de cuidado y atención a los adultos mayores.
De su lado, Víctor Obando, delegado de la Superintendencia de Bancos, presentó un enfoque sobre las competencias de la entidad, promoviendo espacios de educación financiera que beneficien a los adultos mayores.
La intendente de Seguridad Social de la Superintendencia de Bancos, Carmen Meythaler señaló la necesidad de mejorar los artículos de la ley y apoyar la creación de espacios de inclusión social.
Cinthya Carrasco, delegada del Consejo de la Judicatura, resaltó la importancia de proteger los derechos de los adultos mayores en las notarías, evitando vulneraciones en la venta de bienes y otros trámites que involucran a este grupo vulnerable.
Tras las observaciones, la legisladora Jhajaira Urresta solicitó a la comisión que requiera al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) un informe detallado sobre los adultos mayores privados de libertad, especialmente aquellos involucrados en casos relacionados con pensiones alimenticias y delitos menores.
Subcomisión
En otro aspecto, la mesa legislativa de Garantías aprobó una prórroga de 60 días para que la Subcomisión por la Verdad y la Justicia elabore un informe sobre vulneraciones de derechos humanos ocurridas en el sistema judicial ecuatoriano en los últimos años.
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