La asambleísta Esther Cuesta, representante por Europa, Asia y Oceanía, presentó el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria y Participativa de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que propone modificaciones en temas de justicia, acceso a servicios y derechos laborales, buscando una mejor integración y protección a los migrantes, refugiados y retornados. Además, incorpora medidas para fortalecer la movilidad humana como un eje transversal en las políticas públicas y en los sistemas de protección de derechos.
La iniciativa fue respaldada por importantes actores de la sociedad civil y organismos internacionales, entre ellos Eduardo Baldeón, presidente de Corporación Alianza Migrante; David Rampf, coordinador nacional del Programa Si Frontera Cooperación Alemana GIZ; Camila Cely, oficial de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM); Juan Rivadeneira, delegado del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados – ARNUR; y, Francisca Vigaud-Walsh, directora de Estrategia e Incidencia del Centro para la Colaboración y la Incidencia en las Américas (CEDA).
La reforma se enmarca dentro de un proceso de evaluación iniciado en 2022 y completado en 2023, incluyó talleres participativos tanto en Ecuador como en el exterior, donde se recogieron las demandas de las personas migrantes y refugiadas. La reforma fue construida con la cooperación de actores, como la Alianza Migrante, OIM, GIZ, CARE Ecuador, CEDA, entre otros, e incluyó la participación activa de 483 personas.
Entre las principales propuestas del proyecto de ley se incluyen la mejora de los procedimientos de repatriación y reintegración de ecuatorianos retornados, la homologación de títulos y el acceso a empleo y financiamiento sin plazos de caducidad. También se propone fortalecer la protección de personas extranjeras, garantizando su derecho a la educación, salud y protección internacional, además de mejorar los procesos de refugio y asilo.
Esta normativa también aborda la ampliación del acceso a la justicia para ecuatorianos en el exterior, con una reforma que expande los servicios de orientación y asistencia legal, y la reactivación de delegaciones de la Defensoría del Pueblo varios países. Además, se plantea la regularización de niños, niñas y adolescentes no acompañados, asegurando el respeto a sus derechos y el acompañamiento de sus cuidadores, y la eliminación de barreras discriminatorias en el empleo público, eliminando la autorización del Ministerio de Trabajo para la contratación de personal extranjero.
Eduardo Baldeón, presidente de Corporación Alianza Migrante, subrayó que el proyecto de ley refleja los anhelos y sueños de aquellos que buscan una sociedad inclusiva y un mejor futuro para todos, tanto para los migrantes como para las comunidades que los reciben. Por su parte, David Rampf, coordinador nacional de GIZ, celebró que el proyecto haya sido el resultado de un enfoque participativo y colaborativo, involucrando a 483 personas y diversas organizaciones de la sociedad civil.
De su lado, Camila Cely afirmó que son este tipo de políticas las que ayudarán a seguir protegiendo los derechos fundamentales de los migrantes y potenciar la migración como una herramienta para el desarrollo del país. Juan Rivadeneira señaló que solo mediante la participación activa de las comunidades y de las personas en movilidad humana, reflejada en una política pública efectiva, se podrá encontrar el camino adecuado hacia soluciones duraderas.
La legisladora Cuesta destacó que la presentación de este proyecto es el resultado de más de dos años de trabajo conjunto, donde se ha trabajado de la mano con migrantes, organizaciones sociales y organismos internacionales, reflejando las demandas y necesidades de las personas en movilidad humana. "Es así como se deben hacer las leyes en este país y es lo que hemos logrado juntos con cada uno de ustedes", concluyó.
MEV
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