Con el objetivo de mejorar los procesos de intervención de empresas por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la legisladora Lucía Posso presentó un proyecto de reformas a la Ley de Compañías. Estas reformas buscan garantizar una mayor transparencia, eficiencia y fortalecimiento empresarial, con un enfoque claro en la mejora de la gestión de las compañías intervenidas.
Entre los aspectos más destacados de este proyecto, se establece que las decisiones de intervención deberán basarse en principios fundamentales como transparencia, imparcialidad, proporcionalidad y debido proceso. Así mismo, se fomentará el uso de métodos alternativos de resolución de conflictos, tales como la mediación y el arbitraje, antes de proceder con una intervención formal.
Otra de las modificaciones importantes es que la intervención tendrá una duración mínima de seis meses y máxima de dos años. En situaciones complejas, podrá extenderse, pero la Superintendencia estará obligada a justificar dicha prórroga mediante un informe detallado.
Para garantizar el buen desarrollo del proceso, los socios o accionistas que soliciten la intervención deberán aportar una caución que cubra los gastos derivados del proceso, incluidos los honorarios del interventor y otros costos relacionados con la corrección de irregularidades. Los honorarios de los interventores estarán sujetos a una escala preestablecida por la Superintendencia, con un límite máximo del 0.5 % del patrimonio neto de la empresa intervenida por cada período de seis meses.
Además, se creará un Código de Ética para regular la conducta de los interventores, con disposiciones claras sobre conflictos de interés, confidencialidad y sanciones en caso de incumplimiento. Esto garantizará la imparcialidad y responsabilidad de los profesionales encargados de la intervención.
Las empresas que se encuentren bajo intervención al momento de la entrada en vigor de la reforma tendrán un plazo de un año, para resolver su situación, salvo en casos excepcionales debidamente justificados.
La Superintendencia de Compañías tendrá un plazo de seis meses para emitir los reglamentos necesarios para la implementación de estas reformas, que incluyen un programa integral de optimización de procesos administrativos, con el fin de mejorar la eficiencia en la gestión de las empresas intervenidas.
Lucía Posso destacó que estas reformas no solo buscan optimizar los procedimientos de intervención, sino también promover una cultura de responsabilidad empresarial, creando un entorno de mayor confianza y estabilidad tanto para las empresas como para sus accionistas.
MEV
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