La publicación de la Ley para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos en el Registro Oficial, por pedido del presidente Daniel Noboa, se traduce en un paquetazo que golpeará directamente al bolsillo de los ecuatorianos. Contrariamente a lo que su nombre indica, esta ley no abona al control del lavado de dinero ni a las mafias que atentan contra la economía del país, pero si pone una carga monetaria más en los hombros de los ciudadanos.
¿Por qué? En primer lugar, se obliga a pagar un impuesto por la venta de carros usados que, dependiendo del costo del vehículo, podría llegar a ser hasta el 5%. Además, si el impuesto no se paga, no se podrá matricular el vehículo.
Por otro lado, esta Ley establece que el director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) será elegido de forma arbitraria por el presidente de la República. Antes se elegía a través de una terna, sin embargo, ahora el poder de control de los ingresos lícitos estará en manos de un delegado del presidente Noboa, es decir, el poder se queda en el Ejecutivo.
Finalmente, temas como el control de activos digitales, ya están contemplados, y actualmente se establece que los proveedores de activos virtuales son sujetos obligados a reportar a la UAFE.
La Asamblea defiende la institucional del país
Como lo ha ratificado el secretario general de la Asamblea, Alejandro Muñoz, el Ejecutivo no está facultado para promulgar un proyecto de ley que fue negado y archivado por la Asamblea Nacional. Es decir, la promulgación de este decreto Ley es un acto ilegal, inconstitucional y de facto y podría llegar a un posible delito de simulación y usurpación de funciones públicas.
El funcionario se refirió al artículo 140 de la Constitución de la República, que indica que los proyectos urgentes en materia económica se tramitarán vía procedimiento ordinario. Explicó que la única diferencia, con los proyectos no urgentes, son los plazos para el pronunciamiento, que en este caso es de 30 días.
Asimismo, señaló el artículo 60, último inciso de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que determina que, durante el tratamiento de un proyecto de ley, la mayoría del Pleno puede ser negado o archivado en primer debate.
Con 84 votos afirmativos, el Pleno del Legislativo archivó y negó este proyecto de Ley que, según el criterio de asambleístas como Vicente Taiano (PSC) o Jorge Peñafiel (Construye), buscaba crear más impuestos para los ecuatorianos. En reiteradas ocasiones, la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, insistió en que el Parlamento no permitirá que se cargue más impuestos a la ciudadanía.
