Nuevos criterios recibió la Comisión del Derecho al Trabajo, en la segunda fase de socialización, respecto del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social que plantea la cobertura de la seguridad social y de salud a los trabajadores que se dedican a la pesca artesanal y a los habitantes que laboran en el campo.
Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la directora Nacional de Fondos de Terceros y de Desempleo (e), Jimena Naranjo, recomendó utilizar los estudios actuariales de la institución hasta 2020, para respaldar la información con la que se elabora la ley, los mismos que indican que el fondo del seguro social campesino podrá responder con las obligaciones que ha asumido hasta el año 2030 en las condiciones actuales, por lo que resaltó la relevancia de fortalecer su sostenibilidad.
Observó que dentro de los sujetos obligados se mantenga la condición de trabajo habitual en el campo, porque es importante su protección; y, se mantenga el tiempo de espera de dos meses para acceder a los servicios de salud.
De su lado, el director actuarial de Investigación y Estadística, Ramiro Vega recalcó que presentaron el informe con fecha de corte de balance actuarial de 31 de diciembre de 2020, en el que explican la situación del seguro social campesino que como resultado arrojó un déficit de mil 151 millones de dólares en el escenario básico.
Indicó que uno de los problemas del seguro social campesino es que el Estado no aporta la contribución para pensiones. Dijo que para hacer modificaciones de la Ley debe ser con datos actualizados, además que es necesario tener un aporte diferenciado de los campesinos para que siempre exista aporte; si se va a disminuir el tiempo de carencia se estaría asumiendo todos los riesgos ciertos; la propuesta no es viable porque aumentaría el déficit”, respondió.
Francisca León, directora del Seguro Social Campesina, subrayó que ven un déficit para el 2032 del seguro especializado, el mismo que a más de las prestaciones de servicio de salud a los campesinos también son los atrasos de los pagos por parte del Estado, en donde se han visto afectado rubros como el de la jubilación. Dijo que ven con preocupación incrementar a los afiliados, que no es sostenible en el tiempo, pero quieren mantener este seguro especializado porque es un legítimo derecho la afiliación.
Del ministerio de Finanzas, Jorge Villarroel, subsecretario de Relaciones Fiscales sostuvo que al incluir nuevos beneficiarios a un seguro e incluir o cambiar prestaciones tiene impacto económico, que al final repercute en las finanzas públicas y al gobierno central, tanto en las pensiones como para su funcionamiento.
Al no tener toda la información actualizada y no poder proyectar los valores y las personas que serían beneficiadas a cada una de las prestaciones al seguro social campesino, no se pueden valorar y tampoco determinar si dentro del impacto podría afectar en los presupuestos anuales y los proyectados.
El asambleísta Jaime Guevara pidió se sustente las acciones que se ejecutarán para la sostenibilidad, capacidades y eficiencias. María Teresa Pasquel consideró que debe existir una prima especial para el sector, crear un seguro adicional, que sea independiente, y que al momento no es viable. Por su parte, John Polanco expuso que en las condiciones actuales sería irresponsable aprobar una ley que traería perjuicio a los afiliados a la seguridad social. Luzmila Abad pidió que el IESS transparente la información.
RSA
